En un fallo histórico de 6 votos contra 3, la Corte Suprema declaró inconstitucional la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales. La Enmienda 14, escrita hace más de 150 años, sigue significando lo mismo: quien nace en suelo estadounidense, es estadounidense.
El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló 6 votos contra 3 en el caso Trump v. Barbara (No. 25-365) que la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución, no puede ser eliminada mediante una orden ejecutiva. La decisión anula la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, que pretendía negar la ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con estatus temporal (turistas, estudiantes). El presidente de la Corte, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria, a la que se sumaron las juezas Sotomayor, Kagan, Jackson y la jueza Barrett. El juez Kavanaugh coincidió en el resultado pero por una vía distinta. Los jueces Thomas, Alito y Gorsuch disintieron. La orden ejecutiva nunca llegó a aplicarse: fue bloqueada por los tribunales desde los primeros días. Con este fallo, la Corte confirma más de 125 años de precedente establecido en United States v. Wong Kim Ark (1898).
En una decisión ampliamente esperada, el máximo tribunal dejó claro que la ciudadanía estadounidense continúa protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y que los niños nacidos en territorio estadounidense siguen siendo ciudadanos desde el momento de su nacimiento, independientemente del estatus migratorio de sus padres, mientras permanezca vigente la interpretación constitucional establecida durante más de un siglo.
El fallo representa un duro golpe para una de las principales promesas migratorias de Trump, quien buscaba restringir este derecho mediante una orden ejecutiva, argumentando que el Gobierno federal podía redefinir quién tiene derecho a la ciudadanía automática.
Para millones de inmigrantes, abogados, organizaciones civiles y expertos constitucionales, la decisión representa mucho más que una simple disputa legal: reafirma uno de los principios fundamentales sobre los que se ha construido el sistema constitucional estadounidense desde la aprobación de la Decimocuarta Enmienda en 1868.
El martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a uno de los intentos más audaces de la segunda administración Trump: reescribir por la vía ejecutiva el significado de la ciudadanía estadounidense. En el caso Trump v. Barbara (No. 25-365), seis de los nueve jueces confirmaron que la Orden Ejecutiva 14160 — titulada "Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Americana" — es inconstitucional porque contradice directamente la Enmienda 14.
La orden, firmada el primer día del segundo mandato de Trump, buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en EE. UU. en dos escenarios: cuando la madre estaba de forma indocumentada y el padre no era ciudadano ni residente permanente, o cuando la presencia de la madre era legal pero temporal —como turista o estudiante— y el padre tampoco tenía estatus permanente.
Con el fallo dictado en el caso de referencia histórica Trump v. Barbara, el tribunal dejó sin efecto cualquier intento del gobierno de negar pasaportes o números de Seguro Social a bebés nacidos en suelo estadounidense basándose en el estatus migratorio de sus progenitores.
↑ Volver al índiceLa votación final fue 6-3 a favor de mantener la ciudadanía por nacimiento, pero el detalle importa: solo cinco jueces coincidieron en que la orden viola directamente la Constitución, mientras que un sexto voto (Kavanaugh) llegó al mismo resultado por una vía distinta.
Sostuvo que la orden de Trump es inconstitucional porque contradice el texto claro de la Enmienda 14 y más de 125 años de precedente desde Wong Kim Ark.
Votó para bloquear la orden, pero por considerar que viola leyes federales de inmigración vigentes desde 1940 y 1952 — no porque la considere inconstitucional. Sugirió que el Congreso podría legislar excepciones.
Argumentó que la Enmienda 14 se pensó sobre todo para las personas antes esclavizadas y que la mayoría "no es históricamente precisa" al extender ese alcance a todos los hijos de inmigrantes.
Calificó el fallo como "un serio error" y advirtió que, a su juicio, mantiene un incentivo para entrar o permanecer de forma ilegal en el país.
La opinión de Roberts, acompañada por la concurrencia de la jueza Ketanji Brown Jackson (a la que se sumó parcialmente Sotomayor), se apoyó en tres pilares: el texto llano de la Enmienda 14, la historia de su ratificación tras la Guerra Civil, y más de un siglo de aplicación consistente confirmada en Wong Kim Ark. Jackson usó buena parte de su opinión para responder directamente al disenso de Thomas, cuestionando su lectura de que la cláusula fue pensada como una medida limitada a un grupo racial específico.
Kavanaugh, aunque se unió al resultado final bloqueando la orden, evitó pronunciarse sobre el fondo constitucional. Su opinión abrió la puerta —bien recibida por sectores republicanos— a que el Congreso intente, mediante legislación ordinaria, establecer excepciones a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas presentes de forma ilegal o temporal.
Aunque la mayoría fue clara, los tres disensos representan una de las críticas más duras a la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento en la historia reciente de la Corte.
La ciudadanía por nacimiento ha ocupado un lugar central en el discurso migratorio de Donald Trump durante varios años. El mandatario ha sostenido que este principio constitucional actúa como un incentivo para la inmigración irregular y para el denominado "turismo de nacimiento", una práctica mediante la cual, según sus críticos, algunas personas viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y obtengan automáticamente la ciudadanía.
Bajo esa premisa, Trump ha defendido que los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas que se encuentran en el país con visas temporales no deberían adquirir la ciudadanía estadounidense por el solo hecho de haber nacido en suelo estadounidense. A su juicio, la expresión "sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos", contenida en la Decimocuarta Enmienda, debe interpretarse de forma más restrictiva, de modo que el derecho a la ciudadanía por nacimiento no se extienda a quienes considera que no mantienen un vínculo legal permanente con el país.
Trump sostenía además que el Congreso y el Poder Ejecutivo podían reinterpretar el alcance de la Decimocuarta Enmienda sin necesidad de modificar el texto constitucional.
Con ese objetivo, firmó una orden ejecutiva destinada a negar la ciudadanía automática a miles de niños nacidos en Estados Unidos cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La administración defendió la medida afirmando que la expresión "sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos" debía interpretarse de forma más restrictiva.
Sin embargo, la mayoría de los expertos en derecho constitucional consideraban que una medida de semejante magnitud únicamente podría lograrse mediante una enmienda constitucional, un proceso extremadamente complejo que requiere la aprobación del Congreso y la ratificación de los estados.
↑ Volver al índiceEl fallo del tribunal ratifica la vigencia absoluta del principio jurídico del jus soli (derecho de suelo). Esto garantiza que cualquier niño nacido en los Estados Unidos es ciudadano estadounidense de manera automática, sin importar si sus padres se encuentran en alguna de estas situaciones:
La ley estadounidense contempla muy pocas excepciones históricas donde no se otorga la ciudadanía por nacimiento:
El fallo generó una ola inmediata de reacciones, marcadamente divididas según el sector político.
Celebró el fallo como la reafirmación de un principio fundamental: que la ciudadanía por nacimiento no puede ser anulada por una orden ejecutiva, y que ninguna firma presidencial pesa más que la Constitución.
Bisnieto del demandante del caso de 1898 que originó el precedente, calificó la orden ejecutiva de Trump como un decreto que iba en contra de la Constitución desde el principio.
Calificó el fallo como "muy malo para nuestro país" pero afirmó que la administración podría lograr el mismo resultado a través de legislación en el Congreso, sin necesidad de una enmienda constitucional.
Legisladores que respaldaron la orden ejecutiva reconocieron tras el fallo que, para modificar la ciudadanía por nacimiento de forma duradera, probablemente se necesitaría una enmienda constitucional — un proceso mucho más difícil que una ley ordinaria.
Para las familias inmigrantes, el mensaje del fallo es directo y no deja lugar a ambigüedad legal:
Aquí es donde el fallo deja una puerta entreabierta que probablemente domine el debate político de los próximos meses. Tanto Kavanaugh en su concurrencia como Alito en su disenso sugirieron que el Congreso —a diferencia del presidente actuando solo— sí podría, en teoría, aprobar legislación estableciendo excepciones a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas presentes de forma ilegal o temporal en el país.
Cambiar la Constitución misma mediante una enmienda formal —la única vía que eliminaría cualquier duda legal de forma permanente— requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso y de tres cuartas partes de los estados, un umbral que ningún analista considera alcanzable en el clima político actual.
↑ Volver al índiceEl 30 de junio de 2026, la Corte Suprema falló 6-3 en Trump v. Barbara que la Orden Ejecutiva 14160 es inconstitucional. Los niños nacidos en EE. UU. siguen siendo ciudadanos al nacer, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Sí. El fallo confirma que los niños nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos al nacer, incluso si sus padres están de forma indocumentada, con visa temporal o como estudiantes.
Es un debate abierto. El juez Kavanaugh sugirió que el Congreso podría legislar excepciones limitadas, pero la mayoría de la Corte no avaló esa lectura en este caso. Cualquier ley de este tipo probablemente enfrentaría nuevos desafíos legales.
La Orden Ejecutiva 14160, firmada el 20 de enero de 2025, nunca entró en vigor porque los tribunales la bloquearon casi de inmediato. La Corte Suprema la declaró inconstitucional el 30 de junio de 2026.
Cinco jueces (Roberts, Sotomayor, Kagan, Barrett y Jackson) sostuvieron que la orden viola la Enmienda 14. Kavanaugh coincidió en el resultado por motivos de ley federal. Thomas, Alito y Gorsuch disintieron.
Según un escrito de amicus curiae presentado por 141 profesores de ciencias sociales, la orden habría afectado aproximadamente 255,000 nacimientos al año, y hasta 4.8 millones de niños para 2045 si se hubiera mantenido en el tiempo.
