El presidente Donald Trump solicitó el jueves 8 de mayo a la Corte Suprema que le permita poner fin al permiso humanitario, un programa que protege de la deportación a ciertos inmigrantes que huyen de la violencia o los desastres naturales en sus países de origen.
La solicitud presentada ante la Corte Suprema fue realizada por varias autoridades del gobierno de Estados Unidos entre ellos: Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Pete R. Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Kika Scott, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); y el presidente Donald Trump.
En términos generales la administración Trump ha argumentado que el programa es ilegal y que socava la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los defensores del programa dicen que es esencial para proteger a los inmigrantes vulnerables que enfrentarían daños graves si fueran deportados.
Antecedentes
Al asumir la presidencia en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con el programa. Sin embargo, en abril, la jueza federal Indira Talwani Suspendio la Terminación del Proceso de Permiso de Permanencia Temporal para Nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela , argumentando que la ley requiere evaluaciones caso por caso antes de revocar el estatus legal de los beneficiarios.
En respuesta, el procurador general John Sauer presentó la apelación ante la Corte Suprema, sosteniendo que la decisión de la jueza interfiere indebidamente con la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional y obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar su política migratoria.
La posición de la administración Trump
La administración Trump ha argumentado que el permiso humanitario es ilegal porque no está específicamente autorizado por el Congreso. La administración también ha argumentado que el programa socava la autoridad del DHS para hacer cumplir las leyes de inmigración.
El equipo de Donald Trump argumenta que, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional tiene poder amplio para tomar decisiones relacionadas con inmigración como permitir o negar la entrada de personas al país, así como cancelar la libertad condicional en cualquier momento, si considera que ya se cumplieron los motivos por los que se le concedió, esto se debe hacer de forma personal es decir caso por caso y no de forma masiva.
Según esto, Alejandro Mayorkas, quien fue el secretario de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Biden, otorgó permisos temporales de entrada (libertad condicional por 2 años) a más de 532,000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en lugar de analizar caso por caso (como dice la ley), lo hizo basándose en criterios generales, es decir, otorgó esos permisos de forma masiva por razones relacionadas con la situación de esos países o la migración en bloque, no por necesidades individuales
Además, aseguran que esas decisiones no pueden ser revisadas ni anuladas por los tribunales, es decir, que los jueces no tienen autoridad para intervenir o cuestionar muchas de esas decisiones migratorias que se toman desde el poder ejecutivo
La posición de los defensores
Los defensores del permiso humanitario argumentan que es esencial para proteger a los inmigrantes vulnerables que enfrentarían daños graves si fueran deportados. Los defensores también argumentan que el programa es legal y que ha sido utilizado por administraciones tanto republicanas como demócratas.
En 2018, varios grupos de defensa presentaron una demanda para bloquear la decisión de la administración Trump de poner fin al permiso humanitario. El tribunal inferior falló a favor de los defensores, pero la administración Trump apeló la decisión ante la Corte Suprema.
El caso de la Corte Suprema
La Corte Suprema aún no ha decidido si aceptará el caso. Si lo hace, podría tener implicaciones significativas para el futuro del permiso humanitario y los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos. La Corte Suprema ha solicitado a los demandantes, compuestos por beneficiarios del programa y sus patrocinadores, que respondan a la apelación del gobierno antes del 15 de mayo.
Si la Corte Suprema falla a favor de la administración Trump, podría poner fin al permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes. Esto podría conducir a la deportación de muchos inmigrantes vulnerables que enfrentan daños graves en sus países de origen.
Si la Corte Suprema falla a favor de los defensores, mantendría el permiso humanitario y protegería a los inmigrantes vulnerables de la deportación. Esto también podría sentar un precedente para futuros casos relacionados con los derechos de los inmigrantes.
Conclusión
El caso del permiso humanitario es un tema complejo y polémico. La decisión de la Corte Suprema tendrá implicaciones significativas para el futuro del programa y los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos.
