Crece la oposición a la nueva ley migratoria de Arizona, con la realización de protestas y las primeras demandas federales que buscan su revocación. La ley obliga a los funcionarios policiales a determinar la condición migratoria de quienes sean sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. Los opositores a la medida dicen que se trata de la más severa del país y de una licencia para la utilización de perfiles raciales. El abril, centenares de personas se congregaron para protestar contra la ley en las afueras de la sede del Poder Legislativo estatal en Phoenix. Entre los manifestantes se encontraba la veterana activista laboral.
Dolores Huerta y la cantante pop Shakira. Dolores Huerta dijo que la ley está dando impulso al movimiento por los derechos de los inmigrantes. Dolores Huerta dijo: “Creo que es una oportunidad para todos nosotros para involucrarnos y cambiar la política del Estado de Arizona. No podemos dejar que éste siga siendo la oveja negra de todos los estados de Estados Unidos de América y que siga aprobando leyes racistas”.
En Chicago se realizó otra protesta, cuando docenas de personas se concentraron en las afueras de un partido de las Grandes Ligas de béisbol en el que los Diamondbacks de Arizona jugaban como visitantes. Sobre el estadio, una avioneta desplegó un cartel con críticas a la ley migratoria. De vuelta en Arizona, Martin Escobar, un policía de Tucson con quince años de servicio, presentó una demanda contra la ley porque, según él, dificultará las investigaciones y violará los derechos constitucionales. Con posterioridad a la demanda de Escobar, la Coalición Nacional del Clero y Líderes Cristianos Hispanos presentó una impugnación por separado. El grupo quiere obtener una orden judicial que impida la aplicación y ejecución de la ley. Thomas Saenz, del Fondo Educacional y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense, dijo que su grupo también presentará una demanda.
Saenz declaró: “Presentaremos una demanda en un tribunal federal a tiempo para asegurarnos de que la ley no pueda implementarse nunca, sobre la base de lo que la fecha de implementación termina siendo, 90 días a partir del cierre de sesiones de la asamblea legislativa. Iremos a la justicia, presentaremos una demanda para lograr que la ley no se pueda implementar en ningún momento”.
Mientras tanto el sheriff del Condado de Pima, en Arizona, anunció que se negará a aplicar la nueva ley. El sheriff Clarence Dupnik calificó a la ley como “vergonzosa”, “racista” y “estúpida”.