En esta semana, a pocas personas les ha tomado por sorpresa el anuncio de nuevas medidas – antiinmigración – tomadas por la casa blanca y anunciadas por los secretarios de Seguridad Interna (DHS por su sigla en inglés) y de Comercio.
De acuerdo con el DHS, el gobierno estadounidense definió 26 medidas para “abordar y hacer frente a la seguridad fronteriza y desafíos en materia migratoria”.
Las medidas se implementan en el marco de las actuales leyes para «asegurar las fronteras más eficazmente, mejorar la aplicación interna de la ley y en los sitios de trabajo, racionalizar los programas de trabajadores huéspedes existentes, mejorar el actual sistema inmigratorio, y ayudar a los nuevos inmigrantes a asimilarse a la cultura estadounidense».
Sin duda, las recientes acciones en materia inmigratoria y de seguridad de EUA tienen mucho que ver con la agenda conservadora y antiinmigrante. Ante el fracaso de la reforma comprehensiva e integral en el Congreso estadounidense, el gobierno de Bush retoma el breviario republicano por razones políticas: pérdida de credibilidad, fiasco de la guerra en Iraq, presiones internas partidistas, avance de los demócratas, acortamiento de los plazos electorales al 2008.
Así, para antes del 31 de diciembre del 2008, la administración Bush pretende tener 18 mil 300 agentes de la Patrulla Fronteriza; un muro fronterizo de unos 600 kilómetros; alrededor de 500 kilómetros de barreras móviles; 105 torres con cámaras y radares, y tres aviones no tripulados adicionales (UVS, por sus siglas en inglés). Y para 2009 se buscaría incorporar mil 700 agentes más y otro UVS.
Como parte de lo anterior, EUA continuará su política de «atrapar y regresar» a los inmigrantes indocumentados, además de incrementar el financiamiento para retener a los detenidos mientras son devueltos a sus países de origen y presionar a sus países para implementar un programa de repatriación. También busca ampliar sus listas de pandillas internacionales, por ser la raíz de muchos problemas de criminalidad internos, para evitar que ingresen a territorio estadounidense.
El gobierno aumentará los requisitos para ingresar y salir de Estados Unidos en puertos aéreos y marítimos, con la finalidad de identificar a quienes permanezcan después del vencimiento de su visa.
Adicionalmente, se evaluarán costos y la eficiencia para establecer el sistema biométrico en los cruces fronterizos, y la instauración de un programa piloto para el retorno de los trabajadores huéspedes a sus países al finalizar sus permisos.
También, como en el caso de los pasajeros de aire, se implementarán medidas para que los terrestres y marítimos presenten sus pasaportes o documentos similares para ingresar a territorio estadounidense, aunque se prevé que este requisito para quienes van de paso desaparezca progresivamente. Para informar a la sociedad estadounidense sobre las medidas implementadas, el secretario de Seguridad Interna comenzará a presentar un informe regular del «estado de la frontera».
Destaca el interés del gubernamental por entrenar a oficiales locales y estatales para aplicar estas medidas en sus comunidades; el aumento de los «equipos para expulsar extranjeros fugitivos (de 68 a 75 a fines de septiembre); el inicio de acciones por parte del Departamento de Justicia para acabar con la «salida voluntaria», fijando una multa de tres mil dólares para los incumplidos; la regla No-Match, que implica investigar los números de Seguro Social para evitar que los empleadores contraten inmigrantes no autorizados, y la reducción del número de documentos a presentar por los empleadores para contratar trabajadores.
En este tenor, el Departamento de Seguridad Interna aumentará un 25 por ciento las multas a los empleadores; ampliará las investigaciones penales contra los empresarios que contratan indocumentados a sabiendas; implementará una regla para que contratistas y distribuidores usen el sistema E-Very, para asegurar la contratación legal; expandirá los datos de este sistema para los estados y otros organismos, para atrapar a quienes roban la identidad, y compartir los datos de las licencias de conducir con el señalado método.
Finalmente, reformará el Programa H2-A de trabajadores huéspedes para garantizar el flujo de mano de obra a los agricultores; racionalizará el H2-B no agrícola, por dificultades para colocar a solicitantes; prolongará la permanencia de trabajadores de México y Canadá; revisará las investigaciones sobre antecedentes migratorios; revisará los pagos de Seguro Social para que los indocumentados no obtengan puntos; conducirá una nueva prueba de nacionalización, y entrenará a voluntarios y educadores para que lleven a los inmigrantes al proceso de nacionalización, el aprendizaje del inglés para la asimilación.
Todos estos elementos tienden a criminalizar y equiparar la inmigración indocumentada con el terrorismo, una de las preocupaciones centrales del gobierno estadounidense y de amplios sectores de la sociedad norteamericana de ideología conservadora y antiinmigrante, los que han presionado abiertamente por este tipo de medidas. El presidente Bush pretende revender la idea de una reforma migratoria, asumiendo la agenda conservadora.