El debate acerca de la Reforma Migratoria ha generado tantas divisiones entre los partidos políticos, organizaciones defensoras de los inmigrantes, la comunidad emigrante, sindicatos y agrupaciones empresariales tanto americanas como latinas que será imposible pronosticar si se llegará a un acuerdo por lo menos este año.
La coalición de legisladores demócratas y republicanos en el Senado, la Casa Blanca, algunas asociaciones empresariales, latinas, religiosas y sindicales quienes promueven la iniciativa de la reforma. Comentan que a la reforma le falta enfrentar sus peores días.
El Senado americano, en una segunda semana de debate abordará decenas de enmiendas pendientes. Entre ellas hay varias diseñadas para deshabilitar cualquier consenso al introducir fuertes medidas antiemigrantes. Al otro lado también se trata de mejorar las condiciones de los inmigrantes en el proyecto. Se espera que estas sean debatidas ya que el Senado espera la votación final del proyecto antes de esta semana.
La batalla, en términos generales, es entre legisladores y agrupaciones que buscan descarrilar cualquier intento de reforma que incluya un proceso de legalización y quienes intentan lograr, a pesar de lo que consideran sus varios defectos y medidas poco atractivas, la aprobación de un proyecto de ley este año.
El debate en el Senado ofrecerá un indicador del poder de las fuerzas antirreforma en su intento por descarrilar el proceso, como lo lograron el año pasado, pero también se revelará cuántas concesiones serán ofrecidas a las fuerzas antimigrantes para lograr un consenso.
A la vez, está por verse si estas concesiones resultarán tan nocivas que anularán el apoyo de las fuerzas pro inmigrantes o si el frágil consenso de un grupo influyente de senadores, con el respaldo de la Casa Blanca, logrará cumplir con el objetivo de aprobar un proyecto de ley.
Pero podría ser la división en el sector pro inmigrante lo que determine si habrá reforma este año. Esta gran división entre los promotores de una reforma migratoria gira en torno a si aceptar un proyecto que, sin duda, incluya una serie de medidas negativas como resultado de la intensa negociación entre legisladores en la Cámara alta.
"Hay amplio acuerdo entre la comunidad inmigrante de que el proceso tiene que ir hacia delante pese a que el proyecto tiene fallas severas... y tener una oportunidad de remendarlo a su paso por la Cámara baja", dijo Deepak Bhargava, director ejecutivo del Center for Community Change, una de las decenas de organizaciones nacionales que forman parte de la Coalición por una Reforma Migratoria Integral, esta semana durante una rueda de prensa telefónica.
Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza, agregó que "hay preocupaciones profundas sobre algunas de las medidas" en el proyecto del Senado, e indicó en particular el "sistema de puntos" en lugar de preferencia por la reunificación de familias como eje de la propuesta de legalización de los indocumentados, y la ausencia de un proceso para lograr la residencia permanente y eventual ciudadanía para los trabajadores temporales.
"Eso formaliza un trabajador de segunda clase en este país", subrayó.
Sin embargo, reiteró que pese a estas preocupaciones "también hay hambre de un proyecto de ley de migración", y por tanto se está trabajando hacia la aprobación de un proyecto aceptable que se puede ir modificando durante su paso por la Cámara.
Otros promotores de una reforma migratoria integral han concluido que el actual proyecto, en debate en el Senado, es de por sí inaceptable. Críticos señalan que no otorga casi nada de protección o cambio de condición migratoria a indocumentados hasta después de que se "certifica" que se han implementado medidas de seguridad fronteriza (más barreras físicas y virtuales, miles de agentes más de la Patrulla Fronteriza) y verificación de empleo legal, entre otras.
Además, se oponen a los largos años de espera, hasta 5 mil dólares en cuotas y el retorno obligado de un jefe de familia a su país de origen para solicitar la residencia legal, que se imponen a los indocumentados sólo como algunas condiciones para lograr la residencia. Peor aún, se oponen a un programa de trabajadores temporales, especialmente a uno sin un camino a la residencia permanente.
"Estdeo se bería llamar ley de apartheid de inmigrantes", aseveró Antonio González, presidente del William C. Velásquez Institute y uno de los líderes latinos nacionales que se ha opuesto al proyecto.
"Codifica el apartheid a los inmigrantes, porque los indocumentados se quedan sin derechos básicos mientras pagan impuestos y aguantan toda una gama de condiciones onerosas... algunos hasta serán criminalizados. Este proyecto de ley es terrible en todas sus dimensiones", afirmó en entrevista con La Jornada. "Ningún proyecto de ley es mejor que uno malo cuyas consecuencias se sufrirán durante los próximos 20 años".
De hecho, el precandidato presidencial demócrata y actual gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, además de varios líderes sindicales nacionales y hasta el New York Times, han cuestionado si esta propuesta está ya tan llena de medidas nocivas que más vale no tener por el momento que vivir con las consecuencias de esta ley si fuese aprobada y promulgada.
Una agrupación de organizaciones nacionales latinas y de migrantes que incluye al Instituto William C. Velásquez, Lulac, la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, entre otros, se manifiestan contra esta iniciativa.
Por esto, es posible que si los opositores a una reforma migratoria que incluya la legalización de indocumentados no logran derrotar el proyecto, las fuerzas en favor de los inmigrantes por una reforma más amplia, profunda y con menos concesiones a los opositores podrían anular la propuesta.
Si es que sobrevive el frágil consenso entre el grupo de senadores bipartidistas, con el apoyo cada vez más políticamente débil del presidente George W. Bush, y el Senado logra aprobar alguna versión del proyecto esta semana, todo lo anterior se repetirá otra vez en la Cámara baja.