La Brookings Institution publicó el 18 de mayo de 2026 uno de los análisis más contundentes sobre el impacto humano de las redadas del ICE bajo la segunda administración Trump. Por primera vez, los datos revelan la magnitud real de una crisis familiar silenciada.
Resumen: Un informe publicado por la Brookings Institution revela que más de 146.000 niños ciudadanos estadounidenses han sido separados de uno o ambos padres debido a redadas y detenciones realizadas por ICE desde enero de 2025. El estudio advierte que miles de menores, muchos de ellos menores de seis años, quedaron en situaciones de extrema vulnerabilidad tras la detención o deportación de sus padres. La investigación también denuncia graves fallas en el registro y seguimiento oficial de estos casos, así como el impacto psicológico, económico y social que estas políticas migratorias están generando en las familias inmigrantes en Estados Unidos.
El lunes 18 de mayo de 2026, la Brookings Institution publicó un informe que deja sin argumentos a quienes sostienen que las políticas migratorias de la administración Trump no afectan a ciudadanos estadounidenses. El estudio, elaborado por la investigadora Maria Cancian, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, estima que al menos 146.635 niños con ciudadanía estadounidense han vivido la detención de uno de sus padres desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
El número es contundente y perturbador. Pero el dato que más golpea es otro: más de 22.000 de esos niños vieron detenidos a ambos progenitores con quienes convivían, quedando de facto solos o al cuidado de familiares en situaciones igualmente precarias.
La metodología del informe merece atención. Ante la ausencia de registros oficiales completos por parte del gobierno federal —el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo reportó 18.277 padres detenidos con hijos ciudadanos durante el año fiscal 2025, una cifra que los investigadores califican de "subestimación sustancial"— Brookings recurrió a la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey), cruzando datos demográficos de los detenidos con perfiles poblacionales representativos.
A partir de esas estimaciones, tomando como base las aproximadamente 400.000 detenciones realizadas entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026, el informe proyecta que el número total de hijos afectados por las detenciones se eleva a cerca de 205.000 menores, de los cuales alrededor de 145.000 son ciudadanos estadounidenses.
Fuente: Brookings Institution — Detention Data Project, 2026
El informe desglosa la edad de los niños afectados y los datos son especialmente alarmantes para la primera infancia. El 36,5 % de los menores tiene menos de seis años; otro 36,1 % tiene entre seis y doce años. El tercio restante son adolescentes de entre 13 y 17 años. En términos prácticos, más de dos tercios de estos niños —los más dependientes emocionalmente de sus padres— se encuentran en una etapa crítica de desarrollo cuando ocurre la separación.
▸ Distribución de edades — Menores ciudadanos afectados
El informe también revela una distribución geográfica marcada. Washington D.C. y Texas concentran la mayor proporción de niños ciudadanos estadounidenses con al menos un progenitor detenido, con más de cinco casos por cada mil menores en esas jurisdicciones. Ambas zonas comparten una presencia históricamente alta de comunidades migrantes latinoamericanas y han sido escenario de numerosas redadas documentadas. ↑
Una de las advertencias más graves del informe es la ausencia total de registros sistemáticos sobre el destino de los menores una vez que sus padres son arrestados. El reglamento del ICE sobre Padres Detenidos —actualizado en julio de 2025— exige a los agentes que pregunten explícitamente sobre la condición de padre o madre de los detenidos. Sin embargo, el estudio documenta que en muchos casos esa pregunta no se formula, y que numerosos migrantes evitan mencionar a sus hijos voluntariamente por temor a consecuencias legales o a que los menores sean entregados al sistema de bienestar infantil estatal.
La ausencia de datos coherentes y exhaustivos oculta la verdadera magnitud del impacto. En muchos de estos casos, el gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás. — Maria Cancian, investigadora principal, Brookings Institution
Esta laguna informativa tiene consecuencias directas: sin registros, no hay seguimiento; sin seguimiento, no hay protección. Las organizaciones civiles documentan casos de niños entregados a familiares con estatus migratorio irregular, llevados por vecinos, o incluso dejados en escuelas sin que las autoridades estuvieran al tanto de la situación familiar. ↑
El informe recoge uno de los episodios más escalofriantes que ha salido a la luz en los últimos meses: una niña de tres años fue enviada a una casa de acogida después de que su madre fuera deportada, mientras su padre permanecía en Estados Unidos intentando tramitar su custodia. En esa casa de acogida, la menor sufrió abusos sexuales. El caso, que se conoció públicamente semanas antes de la publicación del informe, encendió una nueva ola de indignación en el país y reforzó las demandas de establecer mecanismos de protección específicos.
Uno de los hallazgos metodológicos más relevantes del informe es la comparación entre los datos del gobierno y las estimaciones independientes. El DHS reportó apenas 18.277 padres detenidos con hijos ciudadanos durante el año fiscal 2025. La Brookings, usando los mismos registros de detención del ICE pero aplicando probabilidades demográficas, estima que la cifra real está cerca de cinco veces por encima de lo que reconoce el gobierno.
¿Por qué difieren tanto las cifras?
Más allá del diagnóstico, el informe de la Brookings Institution formula recomendaciones específicas dirigidas tanto al gobierno federal como a los legisladores del Congreso:
Recomendaciones principales del informe Brookings 2026
El informe sitúa estas cifras dentro de un panorama demográfico de enorme magnitud. Según las estimaciones de Brookings, actualmente residen en Estados Unidos alrededor de 13 millones de adultos indocumentados o con estatus migratorio irregular. Dentro de esas familias viven más de 4,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses con al menos un padre en riesgo de deportación. De ellos, casi 2,5 millones podrían enfrentar el escenario más extremo: la detención de ambos progenitores.
Los expertos consultados por el informe subrayan que si las políticas de endurecimiento migratorio continúan a su ritmo actual, el número de menores afectados podría crecer de forma exponencial en los próximos meses, agravando una crisis que ya tiene proporciones históricas. ↑
Según las estimaciones del informe de la Brookings Institution, la detención de aproximadamente 400,000 inmigrantes ha afectado directamente a más de 205,000 menores de edad. Lo más alarmante es que el 70% de estos niños (unos 145,000) son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, lo que significa que el Estado está desamparando a sus propios ciudadanos.
Existe un subregistro masivo por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El gobierno federal solo contabilizó poco más de 18,000 padres con hijos ciudadanos detenidos en el año fiscal 2025. El estudio explica que esta brecha se debe al miedo legítimo de las familias: muchos padres detenidos ocultan deliberadamente que tienen hijos menores por temor a perder la custodia definitiva frente al sistema de bienestar infantil del estado.
El 36.5% de los menores afectados son niños menores de 6 años. Los especialistas en desarrollo infantil advierten que esta etapa es la más crítica para el neurodesarrollo. La pérdida abrupta de los cuidadores principales a esta edad interrumpe los lazos de apego seguro y expone al cerebro infantil a niveles perjudiciales de estrés tóxico.
El informe calcula que más de 22,000 niños ciudadanos estadounidenses sufrieron la detención de todos los padres o cuidadores presentes en su hogar. El problema radica en que el sistema formal de protección social no da abasto: apenas un 5% de estos menores logra ingresar a redes de cuidado temporal reguladas por el Estado; el 95% restante queda en una vulnerabilidad extrema, dependiendo por completo de la caridad de vecinos, conocidos o iglesias locales.
La separación familiar tiene un costo sistémico devastador. Los niños que sufren la detención de sus padres registran una caída drástica en el rendimiento escolar, mayores tasas de deserción en la secundaria y una alta propensión a desarrollar trastornos de ansiedad crónica y depresión en la adultez. Al destruir la estabilidad económica del hogar (el 60% de las madres detenidas terminan siendo expulsadas), se condena a estos menores a la pobreza y a una dependencia prolongada de los servicios de asistencia pública.
