Multas de Millones de Dólares: El Nuevo Proceso del DHS que Alarma a Inmigrantes Indocumentados
El 27 de junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron una norma interina que acelera la imposición de multas civiles a inmigrantes que ingresaron o permanecen en EE.UU. sin autorización legal.
Bajo este nuevo sistema los oficiales de inmigración podrían imponer multas de millones de dólares a ciertos inmigrantes indocumentados, poniéndolos en riesgo no solo de deportación sino de una abrumadora deuda financiera. Este nuevo procedimiento está diseñado para reducir el debido proceso disponible para las personas que enfrentan posibles multas. Ahora, los oficiales individuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueden enviar cartas imponiendo tarifas a los inmigrantes, y si estos no responden en un plazo de 15 días hábiles, se eliminaría todo derecho a apelar.
Origen de las Multas y su Escasa Aplicación Pasada
En 1996, como parte de una ley más amplia de "mano dura con la inmigración", el Congreso permitió a los oficiales de inmigración imponer sanciones monetarias civiles crecientes a algunos inmigrantes indocumentados. La tarifa más significativa añadida por la ley impuso una multa diaria de $500 a cualquier persona que no saliera después de haber recibido una orden de deportación o de aceptar la "salida voluntaria". Tras ajustes periódicos por inflación, esta tarifa asciende ahora a $998 por día, o $364,270 al año.
A pesar de que estas tarifas fueron establecidas en 1996, rara vez se han aplicado en las últimas tres décadas. Los oficiales de inmigración generalmente se han centrado en las deportaciones, y la mayoría de las personas que podrían ser multadas bajo la ley no podrían pagar multas de esos niveles. Por lo tanto, los oficiales de inmigración no solían imponer las sanciones bajo la ley, centrándose en la expulsión en lugar de un castigo adicional. Esto está cambiando ahora, en parte porque el proceso para cobrar las multas se ha simplificado enormemente.
El Antiguo Procedimiento de Multas a Inmigrantes
Bajo los procedimientos anteriores, cualquier persona que enfrentara una sanción civil recibía primero una Notificación de Intención de Multa. Esta notificación debía enviarse por correo certificado o entregarse en persona, asegurando que el objetivo estuviera al tanto de la multa. Una vez recibida la notificación, tenían 30 días para oponerse a las multas e incluso tenían derecho a solicitar una audiencia en persona para argumentar que las multas no aplicaban. Solo después de que expirara el período de 30 días, las multas entraban en vigor. Incluso entonces, las personas multadas tenían derecho a apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, el organismo que conoce de las apelaciones provenientes de los tribunales de inmigración y otras acciones de los oficiales de inmigración.
Cómo el Nuevo Sistema Reduce Drásticamente el Debido Proceso
La nueva norma reduce sustancialmente este proceso. Ahora, en lugar de una notificación de intención de multar, los oficiales de inmigración del DHS pueden enviar una multa directamente. Y en lugar de un período de 30 días en el que el inmigrante podía argumentar que no debería ser multado, los inmigrantes serán multados primero y luego tendrán 15 días hábiles para presentar una apelación. La falta de apelación dentro de esos 15 días se considerará una prohibición permanente para impugnar las multas. Además, en lugar de la Junta de Apelaciones de Inmigración, las apelaciones irán solo a un oficial de inmigración supervisor y a nadie más. Tampoco habrá derecho a solicitar una audiencia en persona.
El DHS justifica estos cambios argumentando que el procedimiento anterior proporcionaba demasiado debido proceso para imponer las tarifas a la escala que el Congreso autorizó. También afirman que las bases de datos modernas facilitan la respuesta a la pregunta legal subyacente de si la persona está sujeta a las tarifas.
¿Quiénes pueden ser sancionados?
El sistema permite multar a:
- Inmigrantes que entran ilegalmente a los Estados Unidos
- Inmigrantes que ignoran las órdenes de expulsión o retrasan su expulsión.
- Inmigrantes que no cumplen los acuerdos para cumplir las órdenes de salida voluntaria de los jueces.
¿De cuánto es la multa para los inmigrantes?
Las multas incluyen:
- De $100 a $500 por entrada ilegal o intento de entrada
- De $1,992 a $9,970 por no cumplir con una orden de salida voluntaria
- Hasta $998 por día por no cumplir deliberadamente con una orden de expulsión. Esto acumula cifras millonarias si el inmigrante permanece en EE.UU. sin resolver su situación
¿Qué Pueden Hacer los Inmigrantes Indocumentados?
Si recibes una notificación de multa, es importante que:
- No ignores la notificación : aunque sea automática, debe ser validada judicialmente.
- Consulta con un abogado de inmigración : podrás impugnar la multa si hay errores o si tienes opciones legales válidas.
- Evita pagar sin verificación legal : existen fraudes que simulan notificaciones oficiales.
- Considera opciones de ajuste migratorio : si calificas para asilo, TPS u otros programas, puedes evitar tanto la deportación como la multa.
Potenciales Consecuencias Masivas y Riesgos Financieros
Con este nuevo procedimiento en vigor, el DHS podría potencialmente enviar sanciones civiles masivamente a cientos de miles de personas que tienen órdenes finales de expulsión y no salieron en un plazo de 30 días. Muchas de esas personas fueron expulsadas por no presentarse a una audiencia judicial, potencialmente años en el pasado, y las multas se han estado acumulando todo ese tiempo. Algunas personas podrían ni siquiera saber que fueron expulsadas previamente, ya que no recibieron aviso de la audiencia porque se envió a la dirección incorrecta (o eran niños en ese momento). Si el gobierno tenía la dirección equivocada, una persona podría enfrentar multas crecientes sin su conocimiento.
Si bien es probable que la norma sea impugnada, la administración ya está avanzando con la imposición de multas. Bajo el procedimiento anterior, la administración Trump emitió miles de avisos de intención de multar. Una mujer en Florida recibió un aviso ordenándole pagar $1.8 millones por no salir. Ahora, se espera que esas multas se expandan. Actualmente, hay al menos 1.4 millones de personas en el país con órdenes finales de expulsión.
Si la administración utiliza este nuevo poder de forma agresiva, podría intentar imponer multas exorbitantes a todos ellos, con mucho menos debido proceso que nunca antes. Esto podría poner a las personas en grave riesgo de ruina financiera además de la deportación, un destino que probablemente generará aún más miedo en las comunidades inmigrantes de todo el país.
