Los primeros quince días de mayo de 2025 han sido un período marcado por una intensa actividad en materia de control fronterizo y aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos. En línea con las políticas anunciadas por la administración actual, se ha observado un incremento notable en el número de detenciones y deportaciones en diversas partes del país.
Según informes de diversas fuentes y organizaciones de derechos de los inmigrantes, las operaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado, focalizándose no solo en la frontera sur, sino también en comunidades del interior del país. Estas acciones han generado preocupación y temor entre las poblaciones inmigrantes, tanto documentadas como indocumentadas.
Aumento de detenciones y operativos en ciudades clave
En este periodo, se llevaron a cabo operativos masivos en diversas ciudades, destacando Nashville, Tennessee, donde más de 100 personas fueron arrestadas en una operación conjunta entre autoridades federales y estatales. Estas acciones se enmarcan en la "Operación Safeguard", lanzada en enero de 2025, que tiene como objetivo principal la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados, especialmente en ciudades santuario como Chicago, Los Ángeles y Filadelfia.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, desde el inicio del mandato de Trump en enero hasta principios de mayo, se han arrestado más de 158,000 inmigrantes, incluyendo a personas con antecedentes penales y otros sin historial delictivo.
Deportaciones polémicas y uso de leyes históricas
La administración Trump ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de más de 200 ciudadanos venezolanos, acusándolos de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Esta medida ha sido criticada por expertos legales y organizaciones de derechos civiles, quienes argumentan que permite expulsiones sin garantías procesales adecuadas.
En un caso destacado, ocho mujeres venezolanas fueron deportadas a El Salvador, donde fueron rechazadas por las autoridades y devueltas a Estados Unidos sin haber descendido del avión. Human Rights Watch calificó este proceso como una violación a los derechos humanos y denunció desapariciones forzadas en algunos casos.
Separación familiar y repatriaciones
El 14 de mayo, Maikelys Espinoza, una niña venezolana de dos años, fue repatriada a Venezuela tras haber sido separada de sus padres, quienes fueron deportados por separado bajo acusaciones de vínculos con actividades delictivas. La madre de la menor y el gobierno venezolano desmintieron dichas acusaciones y exigieron su repatriación. Finalmente, la niña regresó a Venezuela y se reunió con su madre en el Palacio presidencial de Caracas.
Repatriaciones a México y otros países
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en las últimas dos semanas ha habido un aumento en las repatriaciones de migrantes mexicanos desde Estados Unidos, especialmente por vía aérea hacia ciudades como Villahermosa, Tapachula y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Desde el inicio del mandato de Trump, Estados Unidos ha deportado a México a 37,471 ciudadanos mexicanos y a 5,511 migrantes de otras nacionalidades.
Condiciones en centros de detención y protestas
Las condiciones en los centros de detención han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian hacinamiento, acceso limitado a abogados y atención médica deficiente. Además, se han reportado protestas en diversas ciudades de Estados Unidos contra las políticas de deportación masiva, incluyendo manifestaciones en Los Ángeles y San Diego.
Operativos en Los Ángeles: 239 inmigrantes detenidos
En el marco de la intensificación de las políticas migratorias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la detención de 239 inmigrantes indocumentados en el área de Los Ángeles durante una operación que duró una semana del 4 al 10 de mayo centrada en reforzar la seguridad pública en el área metropolitana de Los Ángeles. Estas acciones forman parte de la "Operación Safeguard" y se enfocaron en personas sin estatus legal o con órdenes de deportación pendientes. Los Ángeles, al ser una ciudad santuario, ha sido un foco principal de estas operaciones.
Las redadas contaron con el apoyo de la Administración de Control de Drogas, el FBI, la ATF y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, junto con socios policiales estatales y locales quienes identificaron, detuvieron y expulsaron a delincuentes peligrosos en Los Ángeles y ciudades aledañas. Los extranjeros delincuentes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos deben usar la aplicación CBP Home para autodeportarse y evitar ser arrestados por el ICE.
La magnitud de estos operativos generó preocupación entre las comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos civiles, que han denunciado posibles violaciones a los derechos humanos y han organizado protestas en respuesta a las acciones del gobierno federal.
Redadas en obras construcción en Florida
El 13 de mayo de 2025, agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con diversas agencias estatales y federales, llevaron a cabo una redada en varios sitios de construcción en Wildwood, Florida, una ciudad en rápido crecimiento ubicada al noroeste de Orlando. Durante esta operación, se arrestaron a 33 inmigrantes indocumentados provenientes de México, Guatemala y Honduras. Entre los detenidos, cuatro enfrentan cargos por reingreso ilegal al país tras haber sido deportados previamente, un delito federal que puede conllevar sanciones severas y la imposibilidad de solicitar futuros beneficios migratorios.
La redada fue parte de una iniciativa más amplia de cumplimiento de las leyes migratorias en Florida, que ha intensificado sus esfuerzos para identificar y detener a inmigrantes sin estatus legal, especialmente en sectores como la construcción y el paisajismo. Durante el operativo, más de 360 trabajadores fueron entrevistados, y al menos 30 personas huyeron del lugar al notar la presencia de los agentes.
Las autoridades no han revelado si los empleadores de los sitios de construcción enfrentarán cargos por contratar a trabajadores sin autorización legal. Sin embargo, según la legislación de Florida, los empleadores pueden ser multados hasta con $500 dolares por una primera infracción y enfrentar cargos por delitos menores en caso de reincidencia.
Este operativo refleja la política migratoria actual en Florida, que, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, ha adoptado medidas más estrictas en colaboración con agencias federales para reforzar la aplicación de las leyes migratorias. Estas acciones han generado preocupación entre las comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el impacto en las familias y la posible erosión de la confianza en las autoridades locales.
La situación en Wildwood es un ejemplo de las tensiones actuales en torno a la inmigración en Estados Unidos, donde las políticas de cumplimiento estricto chocan con las realidades de comunidades que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.
