En Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desempeña un papel central en la aplicación de las leyes migratorias federales, particularmente en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, ICE no actúa solo: existen múltiples organizaciones, agencias estatales y locales que cooperan activamente con esta entidad, lo que ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos, la soberanía local y la ética en la aplicación de las leyes migratorias.
¿Qué es el programa 287(g)?
Uno de los instrumentos clave para esta colaboración es el programa 287(g) , establecido por el Departamento de Seguridad Nacional. Este acuerdo permite que ciertas agencias locales de aplicación de la ley actúen como agentes federales de inmigración, autorizándolos a interrogar, detener e incluso comenzar procesos de deportación para personas sospechosas de estar en el país sin documentos.
Hasta abril de 2025, más de 140 jurisdicciones en todo el país participan activamente en este programa, desde condados rurales hasta grandes ciudades como Doral, Florida, donde la presencia de comunidades inmigrantes, particularmente venezolanas, ha generado gran controversia por la implementación de este tipo de acuerdos.
Tipos de organizaciones que colaboran con ICE
1. Agencias de Policía Local
Sheriffs y departamentos de policía municipales o de condado son los principales socios de ICE. Algunos ejemplos:
- Condado de Maricopa (Arizona) : históricamente conocido por sus estrictas políticas migratorias.
- Condado de Gwinnett (Georgia) : firmante del programa 287(g), ha sido objeto de protestas comunitarias.
- Ciudad de Doral (Florida): recientemente se sumó al programa, causando alarma en su gran comunidad venezolana, tras la aprobación unánime por parte del concejo municipal de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para participar en el programa 287(g). Doral, es conocida por albergar la mayor comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Según datos del censo de 2018, aproximadamente el 20,6% de su población es de origen venezolano.
La decisión ha generado controversia y preocupación entre los residentes, especialmente dentro de la comunidad venezolana. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, calificó la medida como una "traición" a la confianza depositada en las autoridades locales, argumentando que incrementará el miedo y la desconfianza hacia la policía, afectando la seguridad pública y los negocios
Las autoridades locales han explicado que la aprobación del acuerdo se debe al cumplimiento de leyes estatales impuestas por la administración del gobernador Ron DeSantis, bajo amenaza de sanciones penales. El fiscal municipal, Lorenzo Cobiella, expresó que, aunque comprende el sufrimiento de la comunidad inmigrante, están obligados a cumplir con sus obligaciones legales.
2. Centros de detención privados
Corporaciones privadas como GEO Group y CoreCivic administran muchos de los centros de detención de ICE, generando millones en ingresos a través de contratos con el gobierno federal. Estas empresas han sido criticadas por condiciones inhumanas y por lucrar con la detención de personas vulnerables.
3. Empresas tecnológicas
Algunas compañías como Palantir Technologies han sido señaladas por desarrollar software de rastreo y vigilancia para ICE, que ayuda en operativos de detención a gran escala. Esto ha generado críticas de organizaciones de derechos civiles como la ACLU y activistas proinmigrantes.
Reacciones y resistencia
En muchas comunidades, la cooperación con ICE ha provocado miedo y desconfianza entre los inmigrantes, quienes temen acudir a la policía o a los servicios públicos por temor a ser detenidos. En respuesta, varias ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Chicago se han declarado “ciudades santuario”, negándose a colaborar con ICE en la detención de inmigrantes.
Organizaciones como United We Dream, RAICES, American Immigration Council y National Immigration Law Center lideran campañas legales, de educación y protesta para detener estas colaboraciones y proteger los derechos de los inmigrantes.
Conclusión
La colaboración con ICE en Estados Unidos es un tema profundamente divisivo. Mientras algunos argumentan que estas asociaciones refuerzan la seguridad nacional y la aplicación de la ley, otros sostienen que violan derechos fundamentales y promueven un clima de miedo en comunidades vulnerables. El debate está lejos de concluir, y el rumbo que tome dependerá en gran medida de las políticas migratorias que adopten las próximas administraciones federales y estatales.
