Desde su llegada al poder, la administración Trump ha actuado con determinación para revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de inmigrantes que fueron admitidos en el país bajo el mandato del presidente Joseph R. Biden Jr. Ahora, la administración está tomando medidas drásticas para presionar a algunos de esos inmigrantes y a otros que tenían estatus legal a "autodeportarse", cancelando efectivamente los números de Seguro Social que habían obtenido legalmente, según documentos revisados por The New York Times y entrevistas con seis personas familiarizadas con los planes y publicado por Alexandra Berzon Hamed Aleaziz Nicholas Nehamas Ryan Mac and Tara Siegel Bernard
La estrategia busca cortar de raíz el acceso de estos individuos a servicios financieros clave como cuentas bancarias y tarjetas de crédito y a beneficios públicos, bloqueando así su capacidad de sostenerse económicamente dentro de los Estados Unidos.
Lo más alarmante, según expertos, es el método utilizado: el gobierno está reutilizando el archivo oficial conocido como “death master file” (o “registro maestro de defunciones”), tradicionalmente usado para evitar pagos indebidos a personas fallecidas. En una maniobra sin precedentes, la administración ha comenzado a incluir en este archivo los nombres de personas vivas cuyo estatus legal fue revocado, tratándolos oficialmente como si hubieran muerto.
De acuerdo con los documentos revisados, esta semana se añadieron a esa base de datos los nombres de más de 6.300 migrantes. La administración sostiene que estos individuos incluyen personas con antecedentes penales y presuntos vínculos con el terrorismo. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que la medida podría extenderse a otros migrantes sin autorización legal, sin importar si han cometido delitos o no.
La inclusión en esta lista negra implica un bloqueo prácticamente total del acceso a mecanismos de identidad financiera, lo que complica la posibilidad de vivir, trabajar o incluso alquilar una vivienda en territorio estadounidense.
Defensores de los derechos de los migrantes han condenado enérgicamente esta política, calificándola de “inhumana” y “legalmente cuestionable”. Organizaciones civiles advierten que la táctica no solo vulnera derechos fundamentales, sino que podría abrir la puerta a errores sistemáticos que afecten incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Martin O’Malley, excomisionado de la SSA durante el mandato de Joe Biden, calificó la medida como “inhumana”. “Es el equivalente a un asesinato financiero”, declaró. Por su parte, Andrew Biggs, quien sirvió en la agencia bajo la presidencia de George W. Bush, argumentó que la política “tiene sentido” para quienes apoyan una política migratoria más estricta.
Además Expertos legales advierten que el uso de esta base de datos para fines de control migratorio podría violar leyes federales sobre privacidad y gestión de datos. “La SSA tiene la obligación legal de mantener datos precisos, y existen estrictas normas que regulan su uso y divulgación”, advirtió Kathleen Romig, directora de políticas de seguridad social en el Center on Budget and Policy Priorities.
Mientras tanto, desde la administración Trump se defiende la medida como parte de un esfuerzo más amplio por restaurar lo que denominan “la integridad del sistema migratorio”, argumentando que solo afecta a personas cuyo estatus ya ha sido revocado por motivos legales o de seguridad.
A medida que esta política se implementa, el debate en torno a su legitimidad y sus consecuencias humanas se intensifica, marcando un nuevo y polémico capítulo en la ya tensa política migratoria de Estados Unidos.
Básicamente la administración del presidente Donald Trump busca:
- Revocación de Estatus Legal: La administración Trump está revirtiendo las protecciones otorgadas a inmigrantes bajo la administración Biden.
- Uso del Archivo de Fallecidos: Se está utilizando el archivo de fallecidos del Seguro Social para bloquear el acceso de inmigrantes a servicios financieros.
- Impacto Financiero: La medida busca cortar el acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y beneficios gubernamentales.
- Objetivo Inicial: La medida inicialmente afecta a criminales convictos y presuntos terroristas, pero podría ampliarse.
- Presión para la Autodeportación: El objetivo final es presionar a los inmigrantes a abandonar el país por su cuenta.
