El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa de los Estados Unidos que brinda protección contra la deportación y permisos de trabajo a ciudadanos de países que enfrentan condiciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres naturales. Haití ha sido beneficiario de este estatus debido a la inestabilidad política y social que ha afectado al país en los últimos años.
El 20 de febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump anunció la revocación de la extensión del TPS para Haití, que había sido previamente extendida hasta febrero de 2026 por la administración de Joe Biden. Esta decisión afecta a aproximadamente 500,000 haitianos que residen en Estados Unidos bajo este estatus, dejándolos vulnerables a la deportación a partir de agosto de 2025.
La Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la revocación argumentando que la extensión del TPS por parte de la administración anterior había sido innecesaria. Noem afirmó que el TPS se había utilizado indebidamente, extendiendo automáticamente el estatus sin considerar las condiciones actuales en los países de origen de los beneficiarios.
Haití ha sido designado para el TPS desde 2010. Los datos muestran que cada extensión de la designación del TPS del país permitió que más ciudadanos haitianos, incluso aquellos que ingresaron ilegalmente a los EE. UU., calificaran para el estatus de protección legal.
En mayo de 2011, el DHS estimó que 57.000 haitianos cumplían los requisitos para inscribirse en el TPS. En agosto de 2021, el DHS estimó que 155.000 haitianos cumplían los requisitos con la nueva designación. Y para julio de 2024, la estimación se disparó a 520.694 .
Durante décadas, el sistema TPS ha sido objeto de explotación y abuso. Por ejemplo, una declaración de una portavoz del DHS:
“Biden y Mayorkas intentaron atar las manos a la administración Trump al extender el Estatus de Protección Temporal de Haití por 18 meses, mucho más de lo justificado o necesario. Estamos devolviendo la integridad al sistema TPS, que ha sido abusado y explotado por inmigrantes ilegales durante décadas. El presidente Trump y la secretaria Noem están devolviendo el TPS a su estatus original: temporal”.
Esta medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que la situación en Haití sigue siendo precaria, con altos niveles de violencia y falta de infraestructura básica. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han expresado su oposición, calificando la revocación del TPS como una acción inhumana que pone en riesgo la vida y el bienestar de miles de personas.
Además, la revocación del TPS para Haití se enmarca en una serie de políticas migratorias más amplias implementadas por la administración Trump, que incluyen la revocación de protecciones similares para otros países, como Venezuela. Estas acciones han sido objeto de controversia y han enfrentado desafíos legales en los tribunales.
La anulación de la extensión del TPS para Haití por parte de la administración Trump ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los beneficiarios y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen que esta medida pueda tener consecuencias negativas para la seguridad y el bienestar de miles de haitianos en Estados Unidos.
