Las políticas de detención y separación familiar, que habían sido implementadas por la administración del expresidente Donald Trump, se habían suspendido parcialmente bajo la administración de Joe Biden. Sin embargo, recientemente, se ha vuelto a hablar de la reactivación de estas prácticas, lo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos y las organizaciones que luchan por el bienestar de los inmigrantes.
Tom Homan El “zar de la frontera” y quien es considerado el arquitecto de la polémica política de separación de familias migrantes, explicó en una entrevista con el diario The Washington Post el pasado jueves 26 de diciembre que se retomaran las detenciones de familias migrantes a partir del 20 de enero cuando inicie su mandato.
Tom Homan dijo que el Gobierno no tendrá en cuenta si los menores son nacidos en Estados Unidos y por tanto tienen nacionalidad estadounidense. “El problema es el siguiente: usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo. Así que fue usted quien puso a su familia en esa posición.”
El futuro de los menores dependerá de la decisión que tomen sus padres: que sean deportados o dejarlos en Estados Unidos, son las familias las que deben decidir si retornan a su país de origen en compañía de sus hijos menores o si prefieren que estos permanezcan en territorio estadounidense.
Recordemos que la política La detención de inmigrantes y la separación de familias fue una de las políticas más controvertidas de la administración Trump, especialmente durante el "programa de tolerancia cero" que se implementó en 2018. Esta política llevó a la separación de miles de niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. La justificación oficial era la de disuadir la migración ilegal y proteger la seguridad del país, pero la aplicación de la política resultó en un gran sufrimiento humano. Familias fueron separadas de manera traumática y muchos niños, algunos de ellos muy pequeños, quedaron bajo la custodia de agencias federales mientras sus padres enfrentaban cargos criminales.
En respuesta a las críticas nacionales e internacionales, y a su plan de gobierno el presidente Biden emitió una orden ejecutiva poco después de asumir el cargo en 2021, que buscaba poner fin a la separación de familias en la frontera y reunificar a los menores con sus padres.
Los defensores de los derechos humanos han sido claros en su condena a la reactivación de la detención y separación de familias. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que este tipo de prácticas constituye una violación de los derechos humanos de los inmigrantes, especialmente de los niños, quienes sufren las consecuencias de ser separados de sus padres, lo que puede generar traumas psicológicos a largo plazo.
La separación de familias migrantes tiene un profundo impacto psicológico y emocional en niños y adultos. Los estudios han demostrado que estos traumas pueden tener consecuencias a largo plazo, incluyendo:
- Trastornos de estrés postraumático: Muchos niños separados de sus padres desarrollan trastornos de estrés postraumático, caracterizados por ansiedad, pesadillas y dificultades para concentrarse.
- Retraso en el desarrollo: La separación familiar puede afectar negativamente el desarrollo cognitivo y social de los niños, especialmente en los primeros años de vida.
- Dificultades para adaptarse: Los niños reunidos con sus familias después de un largo período de separación pueden enfrentar dificultades para adaptarse a su nueva vida y establecer relaciones saludables.
El retorno a estas prácticas también ha sido criticado por su falta de empatía hacia los inmigrantes y la imposibilidad de garantizar que se respeten los derechos de los niños y sus familias en los centros de detención.
La separación familiar viola los derechos humanos de los niños y las familias, y contradice los principios fundamentales de la protección infantil. Además, estas prácticas generan un clima de miedo e incertidumbre que desestabiliza a las comunidades fronterizas y socava la confianza en las instituciones gubernamentales.
La detención y separación de familias es una cuestión que sigue dividiendo a la sociedad estadounidense. Mientras algunos defienden estas prácticas como necesarias para la seguridad del país, otros consideran que su impacto negativo sobre las personas vulnerables, especialmente los niños, es inaceptable. El regreso de estas políticas en el contexto actual es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Estados Unidos en su manejo de la migración, y subraya la necesidad urgente de una reforma migratoria integral que promueva un enfoque más humano y justo para los inmigrantes.
