Por: Ilse Ramírez, Paralegal, y Andrea Rathbone Ramos, Especialista en Comunicaciones Digitales
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Luisiana, escuchó los argumentos orales sobre la iniciativa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) el 10 de octubre. Ahora el tribunal está decidiendo si DACA es ilegal, lo que podría allanar el camino para otra batalla en la Corte Suprema.
Mientras tanto, la decisión tendrá un impacto en las vidas de más de 500,000 jóvenes adultos indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.
Actualmente, los beneficiarios de DACA pueden renovar su estatus cada dos años. Aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) está aceptando solicitudes iniciales y tarifas de presentación, las nuevas solicitudes no pueden ser procesadas ni aprobadas.
Como beneficiario de DACA que puede renovar cada dos años, no puedo evitar pensar en las muchas personas con solicitudes pendientes por primera vez. DACA es un arma de doble filo. Me abrió muchas puertas, lo que me permitió cursar estudios superiores, solicitar una licencia de conducir y obtener un empleo legal. Sin embargo, también sirve como un recordatorio constante de que no hay un camino hacia la ciudadanía para personas como yo, y nuestra protección temporal contra la deportación puede ser revocada en cualquier momento.
La iniciativa se inició bajo la administración de Obama en 2012, brindando alivio a muchos inmigrantes indocumentados traídos a los EE. UU. cuando eran niños. Desde entonces, DACA ha enfrentado numerosos desafíos legales. Más recientemente, en 2023, el juez de distrito Hanen dictaminó que el programa era ilegal. Si bien este fallo permitió a los beneficiarios actuales renovar su estatus, también impidió la aprobación de cualquier solicitud inicial, dejando a cientos de miles de personas, incluidas aquellas que me importan profundamente, en un estado de incertidumbre y miedo.
Terminar el programa DACA tendría un impacto económico nacional masivo. Nuestros últimos datos de Map the Impact indican que las personas elegibles para DACA contribuyen con miles de millones a la economía de los Estados Unidos, más del 96% de las personas elegibles para DACA están empleadas actualmente. La autorización de empleo que proporciona DACA permite a los beneficiarios obtener una educación superior y mejores oportunidades laborales, aumentando sus ingresos y contribuciones económicas a sus comunidades. A medida que sus ingresos aumentan, también lo hacen sus contribuciones fiscales, lo que influye positivamente en las economías locales, estatales y federales. Además, los datos sugieren que los beneficiarios de DACA son altamente emprendedores; Aproximadamente 73,000 han lanzado sus negocios, creando oportunidades de empleo para los estadounidenses e impulsando el crecimiento económico.
La cosa no acaba ahí. No somos solo nosotros los que sabemos que los beneficiarios de DACA son esenciales para nuestra economía y que terminar con DACA tendría resultados desastrosos. Por ejemplo, el Instituto Cato estima que deportar a los beneficiarios de DACA costaría $60 mil millones y resultaría en una pérdida económica de $280 mil millones durante la próxima década.
Más allá de los costos financieros, deportar a los beneficiarios de DACA dañaría a las empresas, escuelas y economías locales que dependen de sus contribuciones. Desde educadores hasta empresarios, su ausencia dejaría brechas significativas en las comunidades de todo el país. Y a nivel personal, devastaría a familias como la mía en todo el país.
Verán, esto no se trata solo de DACA. Se trata de mantener a las familias unidas. Más de 250,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen padres beneficiarios de DACA, y 1.5 millones de personas viven en familias de estatus mixto. Perder DACA podría llevar a separaciones desgarradoras, dejando a los niños sin padres, a los cónyuges a través de las fronteras y a los familiares ancianos sin apoyo. El costo emocional de las separaciones forzadas es inconmensurable y afecta no solo a las familias involucradas, sino a comunidades enteras.
Luego está el miedo psicológico que se arraiga, ya que nunca se sabe si tu familia estará a salvo. Como alguien que ha vivido en esta realidad, sé que el miedo a la separación siempre está presente. Me duele saber que más niños experimentarán esta vida de incertidumbre y trauma, por lo que el Congreso debe actuar.
El cronograma para el fallo del Quinto Circuito es incierto; podrían volver a fallar en contra de DACA, poniendo fin efectivamente al programa que apoya a muchas personas indocumentadas.
Los beneficiarios de DACA necesitan protecciones permanentes, no soluciones temporales. Es hora de que el Congreso apruebe una legislación que proporcione un camino a la ciudadanía para los jóvenes indocumentados y ponga fin a la incertidumbre constante. Pase lo que pase a partir del 10 de octubre, cualquier decisión futura podría remodelar el futuro de miles de familias. Es irresponsable esperar lo desconocido. La verdadera seguridad sólo llegará a través de una reforma duradera.
