Suecia, conocida por su generoso sistema de bienestar y políticas progresistas, ha implementado una medida controversial que ha captado la atención internacional: el gobierno sueco está ofreciendo incentivos financieros a inmigrantes para que abandonen el país. Esta estrategia, diseñada para gestionar los flujos migratorios y aliviar la presión sobre el sistema de bienestar, ha generado un intenso debate tanto en Suecia como en el ámbito internacional.
Es así como el pasado jueves 12 de septiembre de 2004, el Gobierno sueco de centroderecha anunció un plan para aumentar las compensaciones ofrecidas a los migrantes que decidan abandonar el país de manera voluntaria, aumentando el monto hasta 350.000 coronas suecas (aproximadamente 30.000 euros).
La medida fue presentada en una conferencia de prensa en Estocolmo por el ministro de Migración, Johan Forssell, quien estuvo acompañado por representantes de los partidos de la coalición —Moderados, Cristianodemócratas y Liberales—, así como por los Demócratas Suecos, un partido ultraderechista que apoya al Gobierno.
"Puede que perciban que la vida en Suecia no haya salido como querían, que estén atascados y alienados o que sean más mayores y quieran regresar al país del que vinieron originalmente", dijo Forssell en la conferencia.
Se espera que esta medida beneficie a unos 4.000 migrantes pues se espera que el presupuesto asignado sea de 1.400 millones de coronas suecas es decir alrededor de 122 millones de euros.
El Contexto de la Medida
La política de ofrecer dinero a inmigrantes para que regresen a sus países de origen se enmarca en un contexto de desafíos económicos y sociales que enfrenta Suecia. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento significativo en el número de solicitantes de asilo y residentes permanentes, lo que ha puesto a prueba sus recursos y servicios sociales. En respuesta a estas presiones, el gobierno sueco ha buscado formas de gestionar los flujos migratorios de manera más eficiente.
El programa de incentivos financieros se introdujo como parte de una serie de reformas destinadas a reducir la carga sobre el sistema de bienestar y a incentivar el retorno voluntario de quienes, según las autoridades, no tienen una base sólida para permanecer en el país. Este enfoque busca ofrecer una alternativa a la deportación forzada, promoviendo el retorno voluntario mediante una compensación económica.
Funcionamiento del Programa
El programa, implementado por la Agencia Sueca de Migración, ofrece una cantidad de dinero a los inmigrantes que decidan regresar a su país de origen. La cantidad varía dependiendo de la situación individual y de las necesidades específicas del solicitante. Los fondos pueden ser utilizados para facilitar el regreso y para apoyar el reintegro en el país de origen, como cubrir gastos de transporte y proporcionar asistencia inicial para la reintegración.
El ministro Forssell destacó que el programa actual para el retorno voluntario de inmigrantes ofrece sumas mucho menores, con un máximo de 10.000 coronas por adulto. Sin embargo, reconoció que este programa ha tenido una baja demanda, con solo un beneficiario en 2023.
Para calificar para el programa, los solicitantes deben cumplir ciertos criterios, como tener su solicitud de asilo rechazada o estar en situación irregular. El retorno voluntario es incentivado como una opción menos costosa y más humana que la deportación forzada, y se espera que el programa reduzca el número de personas en situación irregular en Suecia.
Reacciones y Críticas
La medida ha suscitado una variedad de reacciones. Por un lado, algunos argumentan que el programa es una solución pragmática que permite a los inmigrantes una salida digna y evita el uso de recursos para procesos de deportación más costosos. También se destaca que esta política puede ayudar a reducir la sobrecarga en los servicios de bienestar y facilitar una integración más efectiva de quienes permanecen en el país.
Por otro lado, los críticos argumentan que el programa puede ser visto como una forma de presión sobre los inmigrantes vulnerables para que abandonen el país. Se han expresado preocupaciones sobre la ética de ofrecer incentivos financieros en lugar de mejorar el sistema de asilo y apoyo a los refugiados. Además, algunos expertos temen que esta medida pueda desalentar a personas que verdaderamente necesitan protección internacional.
Organizaciones de derechos humanos han instado a una revisión del programa y a una mayor atención a las condiciones de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes en general. Abogan por una política migratoria que garantice el respeto de los derechos fundamentales y que ofrezca soluciones sostenibles y humanas.
