Por: Michelle Lapointe www.immigrationimpact.com
La administración Biden-Harris ha tomado cientos de medidas en materia de inmigración desde que asumió el cargo. Pero una de las reformas más ignoradas de la administración es un proceso para proteger a los trabajadores inmigrantes y al mismo tiempo reforzar la capacidad de las agencias laborales para exigir responsabilidades a los empleadores inescrupulosos por las violaciones.
En enero de 2023, la administración anunció un proceso simplificado —conocido coloquialmente como “DALE” (Acción Diferida para la Aplicación de la Ley Laboral)— para que los trabajadores involucrados en disputas laborales soliciten protección contra la aplicación de la ley migratoria por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En julio de 2024, el DHS anunció una ampliación del período de elegibilidad para la protección de dos a cuatro años, reconociendo que las disputas laborales a menudo no se resuelven en un período de dos años.
El proceso DALE surgió después de años de defensa y organización por parte de los defensores de los derechos de los trabajadores inmigrantes. Proteger a los trabajadores inmigrantes de la aplicación de las leyes de inmigración les permite denunciar los abusos laborales sin temor a represalias de los empleadores. A su vez, esto permite a las agencias laborales hacer su trabajo de manera más eficaz y eleva los estándares para todos los trabajadores. Los empleadores inescrupulosos han utilizado durante mucho tiempo la amenaza de la aplicación de las leyes de inmigración contra los trabajadores para evitar que se pronuncien contra los abusos en el lugar de trabajo, incluido el robo de salarios, la discriminación racial y de género, las condiciones inseguras e insalubres y la interferencia con los esfuerzos de organización sindical.
El DHS tiene desde hace mucho tiempo la facultad discrecional de rechazar acciones coercitivas contra individuos y, en el pasado, ha firmado memorandos de entendimiento con agencias laborales en relación con la “desconflictividad” de sus misiones. El DHS también ha reconocido anteriormente la importancia de ejercer la discreción procesal para proteger a las víctimas y testigos en casos de derechos civiles y laborales. Pero DALE es la primera vez que la agencia ha establecido un proceso simplificado para la consideración de las solicitudes de discreción procesal de los trabajadores y representa la articulación más sólida del DHS hasta la fecha de su apoyo a la capacidad de las agencias laborales para cumplir eficazmente con sus mandatos legales.
El proceso para solicitar la protección de la acción diferida incluye varios pasos. Después de experimentar o presenciar una violación laboral, un trabajador o su representante debe presentar una queja ante la agencia correspondiente. Luego, los trabajadores pueden solicitar una declaración de interés a la agencia. Las agencias que hacen cumplir las leyes laborales y de empleo a las que se pueden presentar quejas y solicitar declaraciones de interés incluyen el Departamento de Trabajo de los EE. UU, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, junto con ciertas agencias gubernamentales estatales y locales.
Varias agencias han publicado una guía sobre el proceso para presentar una solicitud de declaración de interés (enlazada en el cuadro de la página 68 de esta guía del Centro Nacional de Derecho Laboral, el Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, Jobs With Justice y el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC)). Las declaraciones de interés suelen cubrir un empleador y/o lugar de trabajo específico durante un período específico, lo que significa que cualquier trabajador que se ajuste a esos parámetros puede solicitar una acción diferida, no solo el trabajador que inició la queja.
Con una declaración de interés en la mano, un trabajador puede solicitar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) una acción diferida y una autorización de empleo. Al igual que cualquier solicitud de discreción del DHS, las personas que solicitan una acción diferida deben ser evaluadas en cuanto a su elegibilidad y riesgo en función de sus antecedentes migratorios y/o penales, como se describe en este manual de práctica del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de Tulane, Unemployed Workers United y NILC. Las personas también pueden ser elegibles para recibir más ayuda, como la libertad condicional en el lugar de residencia o, en ciertos casos, así como formas de protección más permanentes, como una visa T o U, si experimentaron tráfico laboral o actividad delictiva relacionada con su trabajo.
Los testimonios de los trabajadores confirman la naturaleza transformadora de la protección de la acción diferida. Si bien esta protección es temporal, representa un paso fundamental para empoderar a los trabajadores a denunciar los abusos y permitir que las agencias laborales lleven a cabo su misión de proteger a todos los trabajadores, tanto inmigrantes como ciudadanos.
