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Por: Kate Goettel - www.immigrationimpact.com/
Usurpando el papel del gobierno federal, las legislaturas estatales de Florida y Texas han propuesto múltiples proyectos de ley de inmigración dañinos durante la sesión legislativa de este año.
Se aprobaron varios proyectos de ley de inmigración de Florida, mientras que los proyectos de ley de Texas, por ahora, no se han movido del piso legislativo.
El 8 de mayo de 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe a los ciudadanos chinos y otros ciudadanos extranjeros comprar bienes raíces en el estado de Florida. La SB 264 restringe a los ciudadanos chinos la compra de bienes inmuebles en el estado a menos que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
El proyecto de ley también convierte en delito grave que ciertos ciudadanos extranjeros compren bienes raíces dentro de las 10 millas de instalaciones militares u otra “infraestructura crítica”. Esa ley se aplica a los ciudadanos de China, Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte.
El 23 de mayo, la ACLU y el Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF) presentaron una demanda impugnando este proyecto de ley. Los grupos alegan que viola la Constitución y la Ley de Vivienda Justa.
Inmediatamente después de los proyectos de ley de bienes raíces, el gobernador DeSantis firmó el Proyecto de Ley 1718 de Florida el 9 de mayo de 2023. Este proyecto de ley penaliza el transporte de inmigrantes indocumentados a través de las fronteras estatales hacia Florida. (Una versión anterior del proyecto de ley convertía en delito el transporte hacia o dentro del estado). El proyecto de ley también prohíbe a los no ciudadanos usar licencias de conducir válidas dentro del estado de Florida que hayan sido emitidas en otros estados.
El proyecto de ley también afecta la capacidad de los inmigrantes indocumentados para buscar atención médica, lo que exige que los hospitales y los trabajadores de la salud informen el estado migratorio de un paciente si está usando Medicare.
Las disposiciones del proyecto de ley de Florida también buscan responsabilizar civilmente a las empresas según la ley estatal. Las empresas podrían recibir una multa de $ 10,000 por cada empleado indocumentado que empleen. El estado también podría revocar la licencia de su negocio. Para resaltar el impacto económico de esta ley, los defensores de la inmigración organizaron una huelga en Florida el 1 de junio de 2023, denominada "Un Día Sin Inmigrantes" o "Día sin inmigrantes".
Finalmente, el proyecto de ley derogó una ley de 2014 que permitía a los inmigrantes indocumentados ejercer la abogacía en el estado.
Tanto el Proyecto de Ley 1718 de Florida como los proyectos de ley de bienes raíces entrarán en vigencia el 1 de julio de 2023.
En Texas, la legislatura, por el momento, no ha tenido tanto éxito en la aprobación de proyectos de ley de inmigración dañinos. Un grupo de proyectos de ley murió en la legislatura del estado de Texas la semana pasada, pero quedan vías para su reactivación.
Uno de esos proyectos de ley propuestos, el Proyecto de Ley HB 7, intentó crear una “Fuerza Fronteriza de Texas”, compuesta por civiles encargados de llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración bajo la autoridad de los Texas Rangers. La Fuerza Fronteriza de Texas también tendría la autoridad para vigilar y recopilar información sobre el contrabando y la entrada indebida a los Estados Unidos.
Tras el fracaso en la legislatura, el gobernador de Texas, Greg Abbott, convocó una sesión especial inmediata para abordar la legislación que “aumenta o mejora las sanciones por ciertas conductas delictivas que involucran el contrabando de personas o la operación de una casa de seguridad”. El 2 de junio de 2023, el Senado remitió tres proyectos de ley de inmigración a un comité para potencialmente pasarlos a votación.
No está claro si Texas tendrá éxito en sus últimos esfuerzos para reactivar estas leyes y si los proyectos de ley de Florida resistirán los litigios. Pero la sesión legislativa de este año señaló una tendencia alarmante hacia los proyectos de ley estatales que amplían los delitos, las sanciones y la aplicación de la ley de inmigración a nivel estatal.
