La asamblea legislativa de Texas busca crear una nueva Unidad de Protección de Frontera, que estaría integrada por agentes estatales, civiles...
Por Aaron Reichlin-Melnick www.immigrationimpact.com/
El pasado lunes 17 de abril, el Partido Republicano de la Cámara de Representantes presentó su primer proyecto de ley integral de fronteras del 118º Congreso. El proyecto de ley llega tras meses de desacuerdo en el seno de la bancada en torno a las respuestas legislativas a la frontera, con el representante republicano moderado Tony Gonzales (R-TX) tachando de "poco cristiana" y poco seria una propuesta del representante Chip Roy (R-TX) de ordenar la expulsión de la mayoría de los solicitantes de asilo. A pesar de este desacuerdo entre los republicanos, la nueva propuesta, es aún más dura que el proyecto de ley del representante Roy.
El proyecto de ley, que pondría fin al asilo tal y como lo conocemos, está mal redactado. Sus disposiciones entran a menudo en conflicto, probablemente porque se elaboró combinando ocho proyectos de ley distintos en uno solo. También impone restricciones obligatorias a los solicitantes de asilo que serían imposibles de llevar a cabo sin un cambio importante en la disposición de México a aceptar migrantes, parece que se ha pensado poco en la realidad práctica que crearía el proyecto de ley. Aunque el proyecto de ley tiene pocas posibilidades de ser aprobado, es una señal de hasta qué punto el Congreso ha ido en contra de los principios básicos del asilo en los últimos años.
El proyecto de ley imita la infame regulación de diciembre de 2020 de la administración Trump (que luego fue bloqueada en la corte) que muchos consideraron la regulación de "Muerte al asilo", así como otras regulaciones de la era Trump que fueron anuladas en la corte. Entre los cambios propuestos en el proyecto de ley se encuentran:
En conjunto, estas disposiciones eliminarían el sistema de asilo de Estados Unidos tal como ha existido desde la Ley de Refugiados de 1980. A los inmigrantes no mexicanos que lleguen a la frontera sur se les prohibiría efectivamente el asilo, y los inmigrantes mexicanos se enfrentarían a probabilidades casi imposibles de ganar sus casos dados los cambios legales sustantivos. Solo aquellos que tienen el dinero para comprar un vuelo directo a los Estados Unidos tendrían alguna posibilidad real de acceder al sistema de asilo, e incluso entonces, la mayoría no podría ganar dada la propuesta de reducción de la ley de asilo.
El proyecto de ley restringe fuertemente el acceso a los Estados Unidos en general, dos disposiciones del proyecto de ley harían imposible que cualquier persona que llegara a la frontera, incluso a través de los puertos de entrada, pudiera ingresar a los Estados Unidos.
Primero, el proyecto de ley crearía un programa obligatorio de “Permanecer en México” que se aplicaría a cualquier persona que llegue a tierra que el Departamento de Seguridad Nacional (1) no pueda detener o (2) no pueda enviar a un “tercer país seguro”. Esta disposición podría aplicarse a todos los migrantes que lleguen a la frontera, independientemente de su forma de entrada, incluidos los niños y las familias no acompañados.
En segundo lugar, el proyecto de ley requeriría que el Secretario del DHS “prohíba la entrada” de cualquier persona que no tenga una visa y que el DHS no pueda detener o enviar a un tercer país seguro. Esta disposición es en gran medida idéntica al controvertido proyecto de ley Chip Roy.
El proyecto de ley ordenaría el uso de centros de detención familiar a largo plazo para las familias migrantes que cruzan la frontera. No está claro por qué esto sería necesario ya que el proyecto de ley también requiere que todos los solicitantes de asilo sean enviados a México. El proyecto de ley también prohibiría a los estados intentar exigir que cualquier centro de detención familiar tenga licencia para el cuidado de niños.
El proyecto de ley también despojaría a los niños no acompañados que llegan de países que no sean México y Canadá de su derecho actual a proceder ante un tribunal de inmigración. Según el proyecto de ley, a los funcionarios de la Patrulla Fronteriza se les permitiría someter a los niños no acompañados a una “expulsión acelerada”, deportándolos sin siquiera ver a un juez. Solo aquellos niños que pasen una prueba de tráfico podrían evitar una deportación rápida.
ICE estaría obligado a colocar a cualquier patrocinador indocumentado de un niño no acompañado en un proceso de deportación, lo que evitaría que muchos padres se presenten para cuidar a sus hijos, lo que llevaría a que los niños queden atrapados bajo la custodia del gobierno potencialmente durante meses o años.
El proyecto de ley crearía un nuevo delito para las personas que se quedan más de 10 días después de la visa, o que violan una condición de su visa y no salen dentro de los 10 días. El delito sería punible con hasta seis meses de cárcel por un primer delito y hasta dos años de prisión por un segundo delito.
Críticamente, esta nueva ley no requiere que una persona, a sabiendas o intencionalmente, se quede más tiempo o viole un término de su visa. Según la ley tal como está escrita, una persona atropellada por un automóvil que termina perdiendo su vuelo a casa mientras está atrapada en el hospital podría ser acusada penalmente. Del mismo modo, un estudiante aquí con una visa que inadvertidamente trabajó una hora de más en un trabajo de estudiante en una semana determinada (violando así los términos de la visa de estudiante) podría terminar en la cárcel.
Según la ley actual, el poder ejecutivo tiene la autoridad para otorgar “libertad condicional” temporal a personas en el país caso por caso por “razones humanitarias urgentes” o “beneficio público significativo”. Durante generaciones, los presidentes han utilizado esta autoridad para responder a las crisis humanitarias. Más recientemente, la administración Biden permitió que los afganos evacuados después de la caída de Kabul residieran en los Estados Unidos. El programa “ Uniendo 4 Ucrania ” de la administración Biden es también un programa de libertad condicional.
El proyecto de ley terminaría efectivamente con esta práctica de generaciones. Lo haría definiendo "motivos humanitarios urgentes" para referirse únicamente a las personas que enfrentan crisis médicas agudas o que necesitan asistir al funeral de un familiar cercano en los Estados Unidos y que no pueden obtener una visa a tiempo. También redefiniría "beneficio público significativo" para referirse únicamente a personas cuya presencia es requerida por el gobierno de los EE. UU. para asuntos de aplicación de la ley.
Esta disposición despojaría al presidente de la autoridad para responder con flexibilidad en las crisis humanitarias, o para evitar un error judicial en casos individuales que pueden no caer dentro de los motivos limitados de esta nueva regla.
A pesar de una gran cantidad de nuevas políticas duras, el proyecto de ley no aborda los problemas subyacentes que han llevado a la situación actual.
En ningún momento el proyecto de ley reconoce o siquiera aborda el surgimiento de regímenes autoritarios en el Hemisferio Occidental o la falta crónica de recursos para el procesamiento humanitario. El proyecto de ley tampoco aborda el hecho de que hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, quienes, según la mayoría de los estadounidenses, merecen un camino hacia un estatus legal permanente, y lo que es más importante, la excesiva dependencia del proyecto de ley de que otros países acepten a los inmigrantes que deseamos deportar dejaría a Estados Unidos en clara desventaja en los asuntos mundiales, obligados a depender de otros en lugar de solucionar nuestros propios problemas.
No es que no haya nuevas ideas por ahí. El martes, el Senador Menéndez (D-NJ) dio a conocer una nueva propuesta para abordar las preocupaciones a largo plazo en la frontera. Su propuesta combina un aumento masivo en la financiación de los sistemas de adjudicación junto con un mayor uso de la “expulsión acelerada” y el procesamiento acelerado para los solicitantes de asilo, si bien existen serias preocupaciones sobre si este equilibrio es correcto, su plan al menos reconoce que centrarse únicamente en la aplicación no funcionará.
En lugar de buscar castigarnos para salir de las dificultades actuales, el Congreso debería trabajar para solucionar los problemas subyacentes con nuestros sistemas de protección humanitaria que se están desmoronando. Solo entonces podremos seguir siendo el faro de libertad y seguridad en el que muchos todavía creen.
