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Por: Rebekah Wolf www.immigrationimpact.com/
Los gobiernos estatales están liderando el camino para eliminar una mancha de sus comunidades: los centros de detención de inmigrantes.
A medida que algunos gobiernos estatales comienzan sus sesiones legislativas, se han presentado proyectos de ley que intentan prohibir ciertos centros de detención de inmigrantes en varios estados. Siguiendo el ejemplo de estados como Nueva Jersey e Illinois , Nuevo México y Colorado tienen proyectos de ley pendientes que reducirían drásticamente la detención de inmigrantes, con la esperanza de que esto conduzca al fin total de la detención de inmigrantes en sus estados. Poner fin a la detención de inmigrantes atacándola a nivel estatal es una estrategia relativamente nueva de las organizaciones de derechos de los inmigrantes. California fue el primero en promulgar una prohibición de algunos centros de detención de inmigrantes en 2017.
Los centros de detención de inmigrantes se dividen ampliamente en tres categorías:
La mayoría de los centros de detención de inmigrantes y la gran mayoría de las camas se encuentran en instalaciones regidas por IGSA. Un IGSA es un contrato entre el gobierno federal y un gobierno local o estatal para utilizar instalaciones propiedad del gobierno local. A veces también contratan el uso de personal policial local para operar las instalaciones, como los departamentos del alguacil. Los CDF son instalaciones en las que ICE contrata a una entidad privada como CoreCIVIC o GEOGroup que son propietarias de las instalaciones de detención. Finalmente, los SPC, que son los menos comunes, son instalaciones propiedad y operadas directamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU.
Colorado y Nuevo México apuntan a los IGSA. Los estados están presentando proyectos de ley que prohibirán a los gobiernos locales celebrar contratos con ICE para operar centros de detención de inmigrantes. Los proyectos de ley también instruirían a esos gobiernos locales a no renovar los contratos actuales cuando finalicen. Además, para evitar que los gobiernos locales eludan esto, las leyes propuestas también prohíben que los gobiernos locales vendan sus instalaciones a ICE o corporaciones privadas como CoreCIVIC y GEOGroup. Esto reduciría la posibilidad de convertir esas instalaciones en CDF o SPC.
El proyecto de ley de Nuevo México establece en parte que: “Ninguna agencia de cumplimiento de la ley, funcionario de cumplimiento de la ley o unidad de gobierno estatal o local puede celebrar o renovar ningún contrato, acuerdo de servicio intergubernamental o cualquier otro acuerdo para albergar o detener a personas por violaciones civiles de inmigración.”
Este proyecto de ley afectaría de inmediato al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, un centro de detención en la zona rural del sur de Nuevo México que ha sido ampliamente criticado por sus condiciones inhumanas y falta de supervisión. Otero está sujeto a un IGSA entre el condado de Otero y el ICE. Otros dos centros de detención en Nuevo México, el Centro Correccional del Condado de Cibola y el Centro de Detención del Condado de Torrance , están en terrenos propiedad de CoreCIVIC y, por lo tanto, podrían convertirse en un centro de detención por contrato, aunque los defensores esperan que eso no suceda .
De manera similar, en Colorado, la ley propuesta también prohibiría a las entidades estatales y locales contratar a ICE con el propósito de la detención de inmigrantes, bloqueando nuevos IGSA. También instruye a los gobiernos locales que tienen contratos existentes a rescindirlos de acuerdo con el contrato lo antes posible.
Estos proyectos de ley se han elaborado cuidadosamente para seguir una ley similar aprobada en Illinois. La Ley Illinois Way Forward se aprobó en 2021 y sus disposiciones fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito después de una impugnación presentada por dos condados que se habían beneficiado de la detención de inmigrantes durante años . Esto contrasta con una prohibición de California de 2019 de los centros privados de detención de inmigrantes con fines de lucro, que en 2022 fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito La ley de California fue significativamente diferente en el sentido de que intentó apuntar a los Centros de Detención por Contrato. Esta ley era distinta de una ley separada aprobada en 2017, la primera de su tipo en los Estados Unidos, que prohibió las IGSA en California. Esa ley sigue en pie.
Después de la aprobación de la ley de 2017, las operaciones de ICE en California pasaron a depender en gran medida de instalaciones contratadas, que eludían los acuerdos con los gobiernos locales restringidos por la ley de 2017. AB 32, la ley de 2019, intentó prohibir estas instalaciones de contrato. El Noveno Circuito dictaminó que California no podía interferir con la contratación directa del gobierno federal con entidades privadas.
Los gobiernos estatales pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción de la detención de inmigrantes. Como demuestran estas leyes propuestas, ICE depende en gran medida de los gobiernos locales para mantener su sistema de detención de inmigrantes. Si bien el gobierno federal se ha mantenido obstinado en reducir significativamente la detención de inmigrantes, los estados están interviniendo para desalojar estas instalaciones inhumanas de sus comunidades.
