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La asamblea legislativa de Texas busca crear una nueva Unidad de Protección de Frontera, que estaría integrada por agentes estatales, municipales y ciudadanos civiles cuyos principales objetivos es no permitir el ingreso ilegal de personas a través de los puertos de entrada y detener a inmigrantes para luego buscar su de deportación. Compartimos un artículo de la organización Human Rights Watch (HRW) que hace un análisis de esta nueva mediada que busca el gobierno de Texas.
(Austin) – Los proyectos planteados a los legisladores de Texas que atacan a migrantes, incluido uno que encargaría a grupos organizados respaldados por el estado la tarea de “disuadir y repeler” a personas en la frontera, son propuestas peligrosas y extremas, indicó hoy Human Rights Watch.
El proyecto HB 20 de Texas crearía una “Unidad de Protección de Frontera” cuyo titular respondería al gobernador Greg Abbott. El proyecto permitiría que la administración delegue a cualquier ciudadano “observante de la ley” la posibilidad de desempeñarse en la unidad y, por ende, detener a personas y disuadirlas de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Quienes integren la unidad tendrían inmunidad penal y civil frente a señalamientos de actos irregulares. El proyecto HB 20 también reclama la facultad de Texas de negar el ingreso por motivos de salud pública dudosos que se asemejan a la política federal abusiva de EE. UU. denominada Título 42 , que se invocó durante la pandemia de Covid-19. El proyecto crearía un delito penal grave en tercer grado de ingreso ilegal, para el que se prevé una multa mínima de USD 10.000; y contribuiría a financiar el muro en la frontera de Texas.
“El Operativo Lone Star y las nuevas propuestas inmigratorias de Texas son medidas extremas entre los distintos estados de EE. UU. y ciudades del mundo”, expresó Bob Libal, consultor para Human Rights Watch que trabaja en Texas. “Otorgar a grupos organizados el poder de policía de Texas es un paso peligroso”.
El presidente de EE. UU. Joe Biden y agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional deberían dejar de trabajar de inmediato con las agencias de Texas que implementen la iniciativa fronteriza Operativo Lone Star del gobernador Abbott y quitarles el financiamiento, apuntó Human Rights Watch.
Otro proyecto, el HB 7 de Texas, crearía un sistema judicial y penal de “protección fronteriza” que permitiría institucionalizar gran parte de la red de captura que implica el Operativo Lone Star del gobernador Abbott.
“En los últimos dos años, el Operativo Lone Star ha permitido que políticos estatales se propasen en materia de política inmigratoria federal; los proyectos HB 20 y HB 7 son un intento manifiesto de consolidar esta extralimitación ilegal incorporándola al derecho de Texas”, explicó Roberto López, gerente de incidencia sénior del Programa Beyond Borders del Texas Civil Rights Project. “La nueva fuerza policial y el sistema judicial permiten que políticos estatales sigan deteniendo y condenando a algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad —personas que buscan refugio ante contextos de violencia, terror y pobreza— sin que medie ningún tipo de supervisión genuina. Esta es una usurpación de facultades que no brinda ninguna solución a la emergencia humanitaria”.
Los nuevos proyectos complementan el Operativo Lone Star del gobernador Abbot, una operación discriminatoria y abusiva que se dirige a personas a quienes se percibe como migrantes y a otras personas con la intención de detenerlas, procesarlas penalmente y encarcelarlas por delitos estatales menores y graves. El Operativo Lone Star ha causado lesionesy muertes, ha violado los derechos de migrantes y ciudadanos estadounidenses en forma sistemática y ha cercenado las libertades de asociación y expresión de grupos que brindan asistencia fundamental en Texas, indicó Human Rights Watch. El operativo ha costado más de USD 4.400 millones pero no ha alcanzado su objetivo expreso de “negar a carteles mexicanos y otros contrabandistas la posibilidad de trasladar estupefacientes y personas hacia Texas”.
“La colaboración del gobierno de Biden con el Operativo Lone Star y la ausencia de medidas para investigar las violaciones constitucionales y de derechos humanos asociadas con el operativo han alentado a los legisladores de Texas a adoptar estas propuestas extremas que ponen incluso más en riesgo la vida de migrantes y otras personas en Texas e insumen recursos que podrían destinarse a necesidades básicas”, apuntó Alicia Torres, coordinadora de campañas inmigratorias de Grassroots Leadership. “Los grupos de patrulla ciudadana que promueven el odio ya usan estos programas para formalizar relaciones con alguaciles en la frontera. ¿Quiénes protegerán a los inmigrantes de Texas cuando a estos grupos organizados se les deleguen funciones, se les conceda inmunidad y se les permita patrullar la totalidad del estado al amparo de estas propuestas extremas?”.
