Juez mantiene vigente la expulsión inmediata de inmigrantes
El juez federal Robert Summerhays de Louisiana decidió el 20 de mayo de 2022 mantener vigente la expulsión inmediata...
Fotografía Arog Vila
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha actualizado su página web de recursos sobre carga pública con información adicional para ayudar a reducir la confusión y el miedo que podrían impedir que los inmigrantes y sus familias, incluidos los ciudadanos estadounidenses y sus hijos, tengan acceso a servicios importantes del gobierno que están disponibles para ellos.
USCIS continúa la aplicación de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública (sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) según lo establecido en la Guía Provisional de Campo de 1999 para determinar si un no ciudadano es inadmisible por motivos de carga pública.
No considera las vacunas o los beneficios públicos específicamente relacionados con la pandemia de COVID-19 al hacer determinaciones de carga pública. Los no ciudadanos pueden buscar beneficios y servicios relacionados con la pandemia (incluida la asistencia alimentaria, los programas de vivienda y otros) para los que son elegibles, sin temor a consecuencias negativas en su estatus migratorio.
El contenido actualizado aclara que son relativamente pocos los no ciudadanos en Estados Unidos que están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública y son elegibles para los beneficios públicos considerados bajo la Guía Provisional de Campo de 1999, incluidos la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas (incluido Medicaid) que apoyan a no ciudadanos que están en instituciones de cuidado a largo plazo a expensas del gobierno.
Es importante recordar que la Guía Provisional de Campo de 1999 es la política que estaba en vigor antes de la Regla Final de Carga Pública de 2019. La Regla Final de Carga Pública de 2019 ya no está en vigor. El 24 de febrero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una notificación de reglamentación propuesta (NPRM) sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública. Después de completar un análisis de la opinión pública recibida sobre la NPRM, DHS planifica publicar una nueva
regla final en julio o agosto de 2022 que establecerá nuevas regulaciones de la causal de inadmisibilidad por carga pública. La nueva regla final sustituirá finalmente la Guía Provisional de Campo de 1999.
¿Se usará el recibo de pruebas, vacunas o tratamientos gratuitos contra el COVID-19 al determinar si alguien es una carga pública? *
No. Bajo la Guía Provisional de Campo de 1999 (PDF), no se considera la asistencia pública para inmunizaciones y las pruebas y tratamiento de enfermedades transmisibles. No se considera el recibo de Medicaid ni otros seguros de salud y servicios médicos públicos. Esto incluye clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo, y servicios médicos de emergencia.
Se invita a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, a que se vacunen contra el COVID-19. Asimismo, exhortamos a quienes, tengan síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad al respirar) incluidos los no ciudadanos, a que busquen el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios. Dicho tratamiento o servicios preventivos no afectarán negativamente a los no ciudadanos al momento de hacer una determinación de carga pública actual o futura.
¿Se considerarán otros beneficios públicos relacionados con COVID-19 como alimentos, vivienda, asistencia en efectivo, asistencia para alquiler de vivienda, créditos fiscales, pagos de estímulo económico, desempleo, subvenciones de ayuda financiera a estudiantes, programa de protección de salarios, y prórrogas de préstamos estudiantiles? *
No se consideran beneficios públicos relacionados específicamente con el COVID-19 porque usualmente cualifican bajo los beneficios no monetarios o beneficios en efectivo para propósitos especiales que no son considerados bajo la Guía Provisional de Campo de 1999. Solo consideran aquellos beneficios listados en la guía provisional de campo, como por ejemplo, asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos como SSI y TANF, y asistencia general (como asistencia en efectivo proporcionada por estados y localidades), así como la institucionalización a largo plazo proporcionada a expensas del gobierno.
La Guía Provisional de Campo de 1999 reconoce que los estados tienen flexibilidad en la administración del programa TANF y pueden optar por proporcionar asistencia no monetaria tal como subsidio para cuidado de niños o cupones para transportación, en adición a la asistencia en efectivo. Esto indica que dichos beneficios no monetarios no deben ser considerados para propósitos de carga pública. Además, esto indica que los estados también pueden proporcionar pagos no recurrentes en efectivo para situaciones de crisis específicas bajo TANF. Dichos pagos no deben ser considerados para propósitos de carga pública, ya que no son dinero en efectivo para mantenimiento de ingresos.
Aunque la Guía Provisional de Campo de 1999 no proporciona una lista exhaustiva de los beneficios que no considera, la asistencia en efectivo relacionada con COVID-19 es similar a la asistencia por desastres y el dinero en efectivo por crisis bajo TANF y, por lo tanto, considera esto como asistencia en efectivo para un propósito específico que no es el mantenimiento de ingresos. Por lo tanto, no lo considera en las determinaciones de carga pública. Tampoco considera los beneficios no monetarios (excepto aquellos que patrocinan económicamente a los no ciudadanos que reciben cuidado institucionalizado a largo plazo). Por consiguiente, no considera la asistencia alimentaria/nutricional, asistencia de vivienda, créditos contributivos, prórrogas de préstamos estudiantiles, entre otros, relacionados con el COVID-19, al tomar una determinación de inadmisibilidad por motivos de carga pública.
¿Es la inadmisibilidad por motivos de carga pública una consideración al determinar la elegibilidad de una persona para presentar una petición de inmigrante a nombre de un familiar?
No. Los peticionarios no están sujetos a la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública cuando presentan una petición de inmigrante a nombre de un familiar. Sin embargo, el beneficiario de esa petición generalmente estará sujeto a la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública cuando solicita una visa de inmigrante, admisión como inmigrante o ajuste de estatus (a menos que esté exento de la causal de carga pública).
¿Afecta el recibir beneficios públicos la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado o derivado?
No. Cualquier persona que se haya naturalizado o haya derivado la ciudadanía estadounidense no puede perder su ciudadanía porque reciba beneficios públicos mientras es un ciudadano estadounidense.
Si un residente permanente legal ha recibido o recibe actualmente beneficios públicos y sale de Estados Unidos, ¿lo considerarán inelegible por motivos de carga pública a su regreso?
En general, no considera como solicitante de admisión a un residente permanente legal que ha estado fuera de Estados Unidos durante seis meses o menos cuando regresa de un viaje al extranjero. Por lo tanto, esa persona no se sometería a una determinación de inadmisibilidad por motivos de carga pública a su regreso. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla general, como cuando el no ciudadano:
¿Cuándo (y con respecto a cuáles solicitudes de beneficios) USCIS/DHS toma determinaciones de inadmisibilidad por carga pública?
En general, todas las causales de inadmisibilidad aplican a los beneficios de inmigración que requieren que un solicitante sea admisible a Estados Unidos. En concreto, la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública aplica a los solicitantes de visas, admisión y ajuste de estatus, a menos que el no ciudadano esté exento de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública. Más comúnmente, hacemos determinaciones de inadmisibilidad por motivos de carga pública como parte del proceso de solicitud de ajuste de estatus (Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus) cuando los no ciudadanos solicitan ajustar su estatus al de residente permanente. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos toma determinaciones de inadmisibilidad por motivos de carga pública cuando los solicitantes de admisión que están sujetos a la causal de inadmisibilidad se presentan para inspección en un puerto de entrada.
¿Qué sucede si un familiar que vive en el mismo hogar del solicitante utiliza un beneficio público? ¿Contará esto contra el estatus de inmigración o elegibilidad para beneficios de inmigración del solicitante? *
Como regla general, no. No consideraremos el beneficio que un familiar recibe, a menos que ese beneficio sea el único medio de apoyo financiero de la familia y el solicitante vive en el mismo hogar. En ese caso, podemos considerar tal beneficio al tomar la determinación de carga pública del solicitante.
¿Los residentes permanentes legales están sujetos a una determinación de inadmisibilidad de carga pública cuando solicitan renovar su tarjeta de residente permanente?
No. Los residentes permanentes legales que solicitan renovar su tarjeta de residente permanente (o Tarjeta Verde, como también se conoce) no están sujetos a una determinación de inadmisibilidad por carga pública, ya que no se les requiere demostrar que son admisibles a Estados Unidos.
¿Cómo recibir beneficios públicos afecta la solicitud de naturalización de un residente permanente legal?
Los solicitantes de naturalización no están obligados a demostrar que son admisibles a Estados Unidos para ser elegibles para la naturalización.
¿Cómo determina DHS si un no ciudadano es sujeto a deportación como carga pública?
Los estándares que definen quién está sujeto a deportación por motivos de carga pública son limitados y los cargos de deportabilidad basados en la causal de carga pública son raros. Bajo la INA, un no ciudadano está sujeto a la deportación si se convierte en una carga pública dentro de cinco años después de su entrada a Estados Unidos por las razones no demostradas afirmativamente que hayan surgido desde su entrada. El simple recibo de beneficios públicos dentro de los cinco años siguientes a su entrada no hace que un ciudadano sujeto a deportación se considere una carga pública.
Además, un no ciudadano está sujeto a deportación solo si:
La agencia que otorga los beneficios debe solicitar el repago dentro de los cinco años siguientes a la entrada del no ciudadano a Estados Unidos, obtener una sentencia definitiva, tomar todas las medidas necesarias para cobrar esa sentencia y no tener éxito en esos intentos. Incluso si se cumplen estas condiciones, el no ciudadano todavía puede demostrar que la razón por la que se ha convertido en una carga pública surgió después de su entrada a Estados Unidos. Un no ciudadano que puede demostrar esto no está sujeto a deportación por motivos de carga pública.
