¿Qué es la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos?
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) contiene muchas de las disposiciones más importantes de la ley de inmigración...
Por: Jeremy Robbins www.immigrationimpact.com
La representante de Miami María Elvira Salazar, una republicana de primer año del distrito 27 del Congreso de Florida , presentó la semana pasada un proyecto de ley de reforma migratoria que ella llama “Ley de Dignidad”. La representante Salazar afirma que el proyecto de ley detendrá la inmigración indocumentada a los Estados Unidos y brindará una “solución digna” al estatus legal de los más de 10.3 millones de inmigrantes indocumentados que ya viven en los Estados Unidos.
Aunque un nuevo nivel de apoyo republicano a la reforma migratoria—nada menos que en un año electoral—es sin duda una señal notable y potencialmente positiva, la Ley de Dignidad requeriría modificaciones significativas para lograr los objetivos declarados por Salazar.
El proyecto de ley de 484 páginas incluye un camino potencial hacia la ciudadanía estadounidense para los inmigrantes indocumentados que ya están aquí. Pero parece muy dudoso que alguna vez se cumplan las condiciones requeridas para que ese camino se active, como una tasa de aprehensión del 90% en la frontera.
Según la Ley de Dignidad, los Dreamers y los beneficiarios de DACA serían elegibles para recibir 10 años de "estado de residente permanente condicional". Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) o la Salida Forzada Diferida (DED) serían elegibles para el estatus de residente permanente legal (LPR) una vez que hayan acumulado cinco años de “presencia continua” en los Estados Unidos.
Cualquier inmigrante que no cayera en una de estas categorías y careciera de estatus legal tendría que solicitar el llamado “Programa de Dignidad”, este sería un programa de 10 años de “autorización de trabajo y protección contra procedimientos de deportación” en el forma de acción diferida, disponible para inmigrantes indocumentados que pasan una verificación de antecedentes penales, pagan los impuestos atrasados que adeudan, pagan $10,000 en restitución durante los 10 años del programa, adquieren seguro médico, permanecen empleados durante 5 años y renuncian al 2% de cada cheque de pago al “Fondo de Infraestructura de Inmigración”.
Sin embargo, este “Programa de Dignidad” largo y costoso no proporcionaría un camino hacia una tarjeta verde por sí solo. Según la Ley de Dignidad, ningún inmigrante indocumentado puede obtener una tarjeta verde hasta que la Patrulla Fronteriza certifique que está logrando y manteniendo “un índice de detección y detención del 90% o más de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera”. Una tasa de aprehensión tan alta nunca se ha logrado en la historia de los Estados Unidos. De 2006 a 2018, el Departamento de Seguridad Nacional informó que la "tasa de detención observacional" fluctuó entre un mínimo de 63,5 % en 2006 y un máximo de 79,4 % en 2016.
La tasa de aprehensión del 90% tendría que ser certificada por un "Grupo de trabajo de certificación de seguridad fronteriza" muy grande que incluye representantes de todos los estados fronterizos y miembros del Congreso tanto de la mayoría como de la minoría. Por lo tanto, todo el proceso podría ser fácilmente politizado y bloqueado por una administración o un Congreso hostil.
Una vez que se alcance y certifique la meta del “90%”, los inmigrantes que lleguen al final del “Programa de Dignidad” después de 10 años tendrán dos opciones. Podrían obtener una “Visa de Dignidad” renovable de cinco años que les otorgaría estatus legal pero los haría inelegibles para la ciudadanía estadounidense. O podrían ingresar al “Programa de redención” de cinco años, que los haría elegibles para la ciudadanía si aprenden inglés y educación cívica estadounidense y realizan 200 horas de servicio comunitario o pagan $2,500 cada 20 meses al “Fondo para trabajadores estadounidenses” (para pagar la capacitación y la mejora de las habilidades de los trabajadores estadounidenses desempleados o desplazados).
El proyecto de ley también crearía un Catch-22 para cualquier inmigrante indocumentado que quisiera presentarse y solicitar el Programa de Dignidad. Una disposición del proyecto de ley convertiría, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en un delito grave ser indocumentado. Por lo tanto, cualquier inmigrante indocumentado que presente una solicitud bajo la disposición de legalización estaría obligado a admitir un delito federal en curso por el cual podría ser arrestado en cualquier momento. Esto por sí solo probablemente evitaría que la mayoría de las personas soliciten el estatus.
Esto sería un desperdicio dado que poner a todos los inmigrantes indocumentados en el camino hacia la ciudadanía aumentaría el Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. en hasta $ 1.7 billones durante la próxima década. Incluso la simple aprobación de la Ley DREAM aumentaría el PIB en alrededor de un 0,08 % (o $15.200 millones ) por año, lo que equivale a un promedio de $15 371 por cada trabajador legalizado.
Dejando de lado las múltiples deficiencias de las disposiciones de legalización, la Ley de Dignidad también incluye varias disposiciones de aplicación problemáticas.
El proyecto de ley exige la detención de familias que buscan asilo en cuatro Centros Regionales de Procesamiento (RPC) a lo largo de la frontera por hasta 150 días. Esto viola los términos del Acuerdo Flores con respecto a las condiciones bajo las cuales los niños pueden ser encarcelados. El proyecto de ley también convertiría en un delito federal punible con hasta 10 años de prisión a cualquier inmigrante que haga una “representación fraudulenta” con respecto al asilo. Y el proyecto de ley autorizaría explícitamente la práctica probablemente inconstitucional de la detención indefinida y obligatoria de los inmigrantes antes de que se haya ordenado su expulsión.
La Ley de Dignidad de Salazar eximiría los contratos para la construcción, mantenimiento y operación de los muros fronterizos de todas las demás leyes (como la Ley de Especies en Peligro de Extinción). Además, el proyecto de ley agregaría 3,000 nuevos agentes a la Patrulla Fronteriza, haría que E-Verify sea obligatorio en todo el país y convertiría en un delito grave "ayudar e incitar" a alguien que permanece en los Estados Unidos como inmigrante indocumentado, lo que podría tener un efecto escalofriante. sobre abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes.
El proyecto de ley tiene seis copatrocinadores originales además del representante Salazar: Representantes Dan Newhouse (WA-04), John Curtis (UT-03), Pete Sessions (TX-17), Jenniffer Gonzalez-Colon (PR), Tom Reed (NY-23) y Peter Meijer (MI-03).
Si bien es ciertamente un espectáculo agradable ver a siete republicanos apoyar un proyecto de ley que incluye un programa de legalización para inmigrantes indocumentados, el proyecto de ley exige una tasa de aprehensión fronteriza increíblemente alta antes de permitir que la mayoría de los inmigrantes indocumentados soliciten un estatus legal permanente. Incluso los inmigrantes a los que se les permite solicitar un estatus legal no podrían obtener una tarjeta verde a menos que pagaran decenas de miles de dólares en el transcurso de 15 años.
El proyecto de ley hace todo lo posible para crear nuevos delitos que arrojarán a más inmigrantes tras las rejas sin ninguna buena razón, asegurando que muchos de los que serían elegibles para el estatus no lo solicitarían.
