La admisión de hasta 15,000 refugiados a los Estados Unidos durante el año fiscal 2021...
La nueva administración de Estados Unidos ha suspendido e iniciado el proceso para terminar los Acuerdos de Cooperación de Asilo con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras como los primeros pasos concretos en el camino hacia una mayor asociación y colaboración en la región trazada por el presidente Biden. La terminación de estos Convenios es efectiva después del período de notificación estipulado en cada uno de los Convenios, pero su suspensión es inmediata.
Recordemos que los Acuerdos de Cooperación de Asilo con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras (ACA), también conocidas como acuerdos de "tercer país seguro", fue una medida que implementó la administración de Donald Trump para negarse a permitir que las personas que lleguen a la frontera tengan la oportunidad de buscar asilo en los Estados Unidos.
De las tres ACA firmadas con Honduras, Guatemala y El Salvador, solo el acuerdo con Guatemala llegó a entrar en vigor . Cientos de familias hondureñas y salvadoreñas estuvieron sujetas a la ACA guatemalteca desde finales de 2019 hasta marzo de 2020. El acuerdo fue suspendido entonces como consecuencia de la pandemia.
Se conoció también que ninguna persona enviada a Guatemala bajo ACA recibió asilo en ese país, por el contrario las personas fueron "sometidas a un trato degradante y efectivamente coaccionadas" para que regresaran a sus países de origen.
En la Orden Ejecutiva del 2 de febrero destinada a crear un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionar la migración en América del Norte y Central y proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo en la frontera de los Estados Unidos, el Presidente estableció un ambicioso curso de trabajo con nuestros socios - gobiernos, socios de organizaciones internacionales y no gubernamentales, sociedad civil y el sector privado - para construir sociedades más resilientes en toda la región.
De acuerdo con la visión del presidente, ha notificado a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que Estados Unidos está tomando esta acción a medida que comienzan los esfuerzos para establecer un enfoque cooperativo y mutuamente respetuoso para gestionar la migración en toda la región. Las transferencias en virtud del Acuerdo de cooperación de asilo entre Estados Unidos y Guatemala se habían detenido desde mediados de marzo de 2020 debido al COVID-19, y los acuerdos con El Salvador y Honduras nunca se implementaron.
Para ser claros, estas acciones no significan que la frontera estadounidense esté abierta. Si bien estamos comprometidos a ampliar las vías legales para la protección y las oportunidades aquí y en la región, Estados Unidos es un país con fronteras y leyes que deben aplicarse. También estamos comprometidos a brindar un procesamiento seguro y ordenado para todos los que llegan a nuestra frontera, pero quienes intentan migrar de manera irregular se están poniendo a sí mismos y a sus familias en riesgo en lo que puede ser un viaje muy peligroso.
La administración de Biden cree que hay formas más adecuadas de trabajar con nuestros gobiernos socios para gestionar la migración en toda la región. Estados Unidos se basará en nuestras sólidas relaciones y apoyará los esfuerzos de estos gobiernos para abordar el desplazamiento forzado sin imponerles una carga indebida, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Nuestro enfoque continuará brindando apoyo para sus planes de acción nacionales bajo el Marco Integral de Protección y Soluciones Regional a través de socios humanitarios internacionales.
Abordaremos las causas fundamentales del desplazamiento forzado y la migración irregular, incluso combatiendo la corrupción y la impunidad, cumpliendo con nuestras obligaciones de proteger a los refugiados y trabajando en colaboración con nuestros socios para promover las oportunidades y la prosperidad para las personas y las comunidades en toda la región.
La nueva administración ha reconocido hasta ahora que las políticas contra el asilo de la administración Trump se implementaron de mala fe y no hicieron nada para proteger a aquellos a quienes dijeron ayudar.
