Por: Louise Donovan en Kutupalong (Bangladesh)
Cuando Mohamed*, el hijo de siete años de Sara*, fue secuestrado en el enorme asentamiento de refugiados de Kutupalong, al sudeste de Bangladesh, su madre se dispuso a buscarlo a pie. “Me pasé una semana entera sin comer. Recorrí andando cada rincón del campamento en su busca. No sentía las piernas”, cuenta.
Se trata del asentamiento de refugiados más grande del mundo. En él viven unas 900.000 personas refugiadas apátridas rohingyas, la inmensa mayoría de las cuales huyó de las severas medidas militares adoptadas por Myanmar en agosto de 2017.
Los riesgos de secuestro y trata de personas son relativamente bajos, pero muy reales. En lo que va de año, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y sus socios han intervenido en más de 170 casos de personas desaparecidas, secuestros y raptos en asentamientos de refugiados, si bien es probable que las cifras reales sean mucho más altas.
Las personas refugiadas rohingyas y las familias bangladeshíes pobres también son vulnerables a la trata de personas. Muchas víctimas de trata acaban en una situación de trabajos forzados o en condiciones de servidumbre, esclavitud doméstica o trata por motivos de sexo.
Horrorizada ante la idea de no volver a ver a Mohamed, Sara denunció su desaparición ante ACNUR y la organización pasó a la acción de inmediato.
“Me pasé una semana entera sin comer. Recorrí andando cada rincón del campamento en su busca”.
Personal voluntario de divulgación en las comunidades visitó a la familia en el extenso asentamiento formado por albergues de bambú y láminas de plástico e informó a un abogado de una organización socia de ACNUR: Technical Assistance Inc. (TAI). El funcionario local del Gobierno de Bangladesh a cargo del campamento fue informado y la policía se puso en contacto con él. Para entonces, Mohamed llevaba ya cuatro días desaparecido.
Sara estaba convencida de que su desaparición guardaba relación con una disputa con la familia de su marido. Ahmed* había dejado el estado de Rakhine (Myanmar) en 2012 a bordo de un pesquero de arrastre con la intención de buscar trabajo en Malasia. En su país había trabajado como agricultor, pero no era capaz de mantener a su familia debido a las restricciones gubernamentales a los movimientos y al acceso a empleos remunerados. Quiere reunirse con su familia, pero tiene muchas dificultades porque carece de documentos.
Sara cree que su familia política sospechaba que ella tenía ahorrado dinero que Ahmed le había enviado para atender a sus dos hijos. Le contó a la policía que la intimidaban y que habían secuestrado a su hijo pequeño, Mohamed, en un intento por extorsionarla.
Cuando le explicó estas sospechas al abogado y a la policía, interrogaron de inmediato a su cuñado y a otros familiares. Terminaron por descubrir que Mohamed estaba retenido en una casa en la ciudad de Cox’s Bazar, a unos 90 minutos en coche de Kutupalong.
Tres días más tarde la policía lo encontró durante el registro a una vivienda, maniatado pero ileso. Llevaba días sin comer como es debido. Una vez liberado, una oficial de apoyo psicosocial de TAI estuvo trabajando estrechamente con Mohamed y su familia.
“Estaba muy traumatizado. Ni siquiera quería comer. Dimos todos los pasos necesarios para ayudarlo y hablamos con su familia. Les enseñé técnicas para ayudar a Mohamed a recuperarse del trauma. Ahora ha vuelto a asistir al centro de aprendizaje y está mucho mejor”, cuenta la trabajadora de apoyo, que pidió permanecer en el anonimato.
El funcionario bangladeshí para el campamento que tomó parte en el caso comentó que las autoridades tratan a diario con muchos problemas, incluidos casos de violencia doméstica, sexual y de género, cuestiones de protección de menores y menores desaparecidos.
“Mujeres, niños y niñas son las personas más vulnerables. En una situación de emergencia, la gente queda traumatizada. Se ataca a las personas más vulnerables y se aprovecha de la gente sin formación”, dice. “No obstante, aquí todo el mundo es parte integrante de la respuesta. Es un desafío, pero la coordinación funciona bien”.
De las 170 personas desaparecidas denunciadas ante ACNUR en lo que va de año, 106 casos se han resuelto de manera satisfactoria y los otros 64 permanecen abiertos. Sin embargo, es probable que muchos más queden sin denunciar en el distrito de Cox’s Bazar, uno de los más pobres y menos desarrollados de Bangladesh, en el que las redes de trata de personas tenían una fuerte presencia ya antes de que comenzara la afluencia a gran escala de refugiados rohingyas hace dos años.
“Se ataca a las personas más vulnerables y se aprovechan de la gente sin formación”.
En apoyo del Gobierno de Bangladesh y en estrecha colaboración con sus socios, ACNUR es responsable de garantizar la seguridad de las personas refugiadas a su cargo. En septiembre, ACNUR ayudó a establecer un Grupo de Trabajo contra la trata de personas que codirige junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya misión es conocer y analizar los incidentes de trata de personas y mejorar la coordinación.
ACNUR trabaja también con diversos socios para proporcionar asesoría legal, representación jurídica, mediación y coordinación de operaciones de rescate. Además, se llevan a cabo campañas de concienciación dentro de las comunidades para mejorar la protección de las personas refugiadas.
Adoptar medidas para proteger a las personas refugiadas y sus comunidades de acogida mediante la garantía de sus derechos y del acceso a un proceso justo es uno de los temas que se tratará en el Foro Mundial sobre los Refugiados, una reunión de alto nivel que se celebrará en Ginebra los días 17 y 18 de diciembre y que reunirá al sector privado, organizaciones humanitarias y de desarrollo y a gobiernos.
Abdur Rahman, el abogado que trabajó para encontrar y liberar a Mohamed, está convencido de que concientizar acerca de los servicios jurídicos disponibles en los campamentos está teniendo un efecto positivo.
“Antes era peor, había más secuestros. Pero ahora van conociendo poco a poco la ley y aprenden que hay soluciones legales a las que pueden recurrir. Cada vez más personas vienen en busca de apoyo jurídico, lo cual reduce el número de casos de raptos”, dice. “Resulta evidente el cambio de comportamiento, que es el factor más importante”. ACNUR proporciona también servicios de mensajería en los campamentos.
Para la madre de Mohamed, la rápida acción de las distintas autoridades para lograr recuperarlo y traerlo de vuelta a casa sano y salvo fue de la máxima importancia.
“Cuando lo volví a ver me desmayé de dolor y de felicidad”, dice Sara, que agradeció a ACNUR, a los abogados y a la policía por creer en su historia y hacer algo al respecto.
“Si no lo hubieran hecho, no sé dónde estaría ahora mi hijo. Me imagino que lo hubieran vendido, porque yo no tenía dinero para pagar lo que me pedían”, añade mientras lo abraza fuerte contra ella.
* Los nombres se han modificado por motivos de protección.