Una jueza federal en el estado de California ha dictaminado que las restricciones de asilo impuestas por el Gobierno de Donald Trump no aplican a las decenas de miles de personas que actualmente se encuentran en un limbo en la frontera entre Estados Unidos y México. En julio, el Gobierno de Trump impuso una nueva normativa destinada a impedir que los migrantes soliciten asilo en Estados Unidos si cruzan un tercer país antes de llegar a dicha nación.
La norma tenía como objetivo limitar drásticamente el número de centroamericanos, africanos y personas de otras regiones que son elegibles para obtener asilo. No obstante, la jueza Cynthia Bashant del Distrito Sur de California dictaminó el martes que los solicitantes de asilo que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México antes de la normativa impuesta en julio no están sujetos a ella y pueden solicitar asilo en Estados Unidos.
Mientras tanto, los solicitantes de asilo que actualmente arriban a la frontera estadounidense pueden ser enviados ahora a Guatemala, tras la entrada en vigencia el martes del nuevo pacto de asilo entre Estados Unidos y Guatemala. Defensores de los derechos humanos sostienen que el nuevo plan del Gobierno de Trump es particularmente peligroso para solicitantes de asilo del sexo femenino y de la comunidad LGBTQ.
Guatemala tiene una de las tasas más altas de feminicidio —asesinato de mujeres— en el mundo. El medio de noticias BuzzFeed informa que los funcionarios de Seguridad Nacional aún están intentando preparar los detalles básicos del nuevo plan para enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Un informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional establece que “existe incertidumbre sobre quién proporcionará servicios de orientación para los migrantes y sobre quién proporcionará refugio, alimentos, transporte y otros cuidados”.
Sin embargo El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, desmintió que se tenga planificado enviar a Petén, a migrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña que soliciten asilo.