Por: Aaron Reichlin-Melnick - www.immigrationimpact.com
El gobierno de Trump sufrió otro golpe en la corte el viernes pasado. La nueva regla de "carga pública", que entraría en vigencia el martes 15 de octubre, fue bloqueada por tres sentencias de tres jueces de todo el país.
Los tribunales de Nueva York, San Francisco y Seattle emitieron fallos que detienen la implementación de la regla. Esto fue visto en gran medida como uno de los ataques más importantes de la administración Trump contra la inmigración legal.
En Nueva York, el juez federal George B. Daniels calificó la regla de carga pública como "una nueva política de exclusión de la agencia en busca de justificación" y "repugnante para el sueño americano".
Condenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por no proporcionar "ninguna explicación razonable" para cambiar la definición de carga pública y emitió una orden judicial a nivel nacional que bloquea la política.
Desde 1882, la ley federal ha prohibido a los inmigrantes que probablemente se conviertan en una "carga pública" de emigrar a los Estados Unidos. Aunque el Congreso nunca ha definido el término, durante generaciones el gobierno interpretó el término como alguien que es "principalmente dependiente" del apoyo financiero público.
Desde 1999, solo aquellas personas que recibieron más del 50% de sus ingresos de los programas federales de asistencia en efectivo se determinaron como una carga pública.
Pero en 2018, la administración Trump propuso una redefinición amplia de la carga pública que encontraría que alguien era una carga pública por recibir beneficios complementarios no monetarios como Medicaid o cupones de alimentos. La administración declaró que estas reglas eran necesarias para promover la "autosuficiencia" de los inmigrantes.
En las regulaciones finales emitidas en agosto, la administración Trump declaró que cualquier persona que recibió cualquier cantidad de ciertos beneficios por "un total de 12 meses en un período de 36 meses" se consideraría una carga pública. Según esta nueva prueba, incluso los inmigrantes discapacitados que dependían de Medicaid para conseguir un trabajo serían declarados cargos públicos.
A las pocas horas del fallo del juez Daniel, un segundo juez federal en San Francisco también emitió una orden que bloquea la regla de la carga pública. En su orden, la jueza Phyllis J. Hamilton criticó al DHS por apartarse de la definición largamente aceptada de "carga pública" y por negarse a calcular los posibles impactos de la regla en la salud pública.
El juez Hamilton señaló que según la nueva prueba del DHS, una persona podría ser considerada una carga pública por "recibir menos de 50 centavos por día" en cupones de alimentos. "En ningún momento durante la larga historia descrita anteriormente podría haber calificado a uno como una carga pública".
Horas después, la jueza Rosanna Malouf Peterson en Seattle emitió una tercera orden que bloquea la prueba de carga pública. Al igual que las dos primeras decisiones, el juez Peterson descubrió que la administración Trump había ampliado la definición de carga pública mucho más allá de lo permitido por la ley. También criticó al DHS por apartarse de su papel limitado de establecer políticas al aprobar una regla destinada a reducir los costos de atención médica.
Además de estos tres fallos, los jueces federales en Maryland e Illinois aún están considerando emitir sus propios mandatos para bloquear la regla.
A pesar de que muchos aplaudieron la exitosa batalla en la corte para detener la regla de carga pública del DHS, estas victorias pronto podrían verse eclipsadas por otros acontecimientos.
El 3 de noviembre, entrará en vigencia la nueva prohibición de viajes del Presidente relacionada con los beneficios de atención médica. Aunque todavía es demasiado pronto para determinar el efecto total de la prohibición, las primeras estimaciones sugieren que podría bloquear hasta 375,000 inmigrantes legales al año.
Además, el martes, el Departamento de Estado continuará con un plan para aplicar los mismos estándares de carga pública que se bloquearon en la corte a todos los solicitantes de visa fuera de los Estados Unidos. Si se permitiera que cualquiera de estas políticas se mantuviera vigente, la administración Trump podría obtener su deseo de una inmigración legal más limitada.