Por: Fernanda Rivero Benfield.
El seis de septiembre se cumplió el plazo de los 90 días que Estados Unidos de Norte América, le dio al Estado Mexicano a raíz de la declaración conjunta que tuvo como tema principal frenar el flujo migratorio, bajo la amenaza de subir los aranceles. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó haber cumplido con los acuerdos, pero no informó el costo humano, económico y social de ese cumplimiento. Dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:
1) Seguridad: Implicó el despliegue de 25,441 agentes de la Guardia Nacional, en frontera sur, con un costo - sólo en salarios - de $483,379,000 pesos mensuales, sin considerar la alimentación y el alojamiento. Además de que no se les dio una capacitación ni un protocolo adecuado en materia de derechos humanos para atender a personas migrantes y sujetas de protección internacional, lo cual genera violaciones directas a los derechos de las personas en ya que su actuación es con base en criterios discriminatorios y violatorios de dignidad humana, porque es clara la premisa de que la nacionalidad de una persona no se ve a simple vista. Situación que se encuentra actualmente en estudio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2) Hemos dado un pasos atrás en el cumplimiento del Pacto Mundial celebrado en 2018, especialmente en el objetivo 13 titulado Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas, el cual a partir del párrafo 29 señala claramente el cumplimiento de acciones que tengan como fuente el uso de mecanismos basados en derechos humanos y el uso de un repositorio exhaustivo para difundir mejores prácticas a alternativas a la detención, que se cumpla con el derecho al debido proceso, que dicha detención no sea arbitraria, se base en la ley, en los principios de necesidad, proporcionalidad y la evaluación individual, que esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible.
De acuerdo a lo informado por la Unidad de Política Migratoria se han detenido a más de 108,503 personas. De estos 32,507 son menores. 1 Las estaciones migratorias se encuentran en una situación de hacinamiento que genera graves violaciones a la dignidad humana, discriminación, riesgos a la salud e integridad de las personas. Como ejemplo de ello se tiene la muerte de una niña guatemalteca el pasado mayo, situación que nos obligó como Organizaciones Civiles a presentar un juicio de Amparo en contra de las autoridades del INM en la Estación Migratoria de “Las Agujas”, mismo que continúa en trámite pese a diferentes retos que representan claramente violaciones al derecho a la justicia. Recientemente también murió una persona de origen haitiano en la Estación Migratoria Siglo XXI después de haber solicitado urgentemente atención médica toda la noche, situación también denunciada por las organizaciones en Tapachula.2 Situación que argumenta claramente que México es un país peligroso, derivado del Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México, se ha documentado la violencia, diversas agresiones y discursos de odio en contra de esta población.
3) Los exorbitantes costos de la política de detención -no sólo humanos sino también monetarios y sociales- se han documentado previamente, ya que el INM dedica gran parte de sus recursos a estos fines. 3 En nuestro informe de la Detención Migratoria, publicado en enero de 2019, señalamos que, en años recientes, el presupuesto del INM ha sido entre 2, 530 y 1,732 millones de pesos y su gasto ha sido entre los 4,308 y 5,276 millones de pesos.
4) Bajo el acuerdo hemos recibido más de 30 mil personas para esperar su procesamiento de asilo en Estados Unidos en la frontera norte de México. Estas personas consideran que su vida corre riesgos, por lo que México tiene la obligación de garantizar su seguridad, situación que ha sido por demás insuficiente. Cabe aclara que la proyección llega a ser de 60 a 80 mil a lo largo de toda la frontera solamente para este año. Esta población permanece desprotegida y sin acceso a asesoría legal, situación que ha sido alertada por organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos.
5) Las obligaciones de protección que tiene México siguen ausentes, en el discurso y en los hechos, ante un aumento en las solicitudes de asilo, no se ha reforzado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la cual trabaja con un presupuesto insuficiente aun cuando a la fecha ha recibido más de 48,254 solitudes de asilo, cuando el año pasado fueron 14,562 en el mismo periodo. Las autoridades no han tenido la capacidad de detectar a las personas que necesitan de protección, muchas de ellas han sido devueltas a sus países dónde su vida corre peligro.
6) Las personas no tienen acceso a la justicia, como lo señala también el Pacto Mundial, la Comisión Interamericana y diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano. En México, se puede visibilizar claramente que la presencia de condiciones de desigualdad real donde difícilmente se puede acceder a una representación, dejando a las personas en estado de indefensión, lo que imposibilita la presentación de quejas, recursos y medios de defensa legal para garantizar a las personas un debido proceso en condiciones de igualdad, motivo por el cual el Canciller Ebrad, refiere que sólo han sido presentadas 7 denuncias en contra de todas las violaciones que ha generado el ya mencionado acuerdo migratorio con Estados Unidos. Otro de los obstáculos para acceder a la justicia, es que no hay presencia de intérprete o traductor que es una de las garantías mínimas que deben de estar en un procedimiento administrativo migratorio. En el monitoreo realizado por Sin Fronteras a Estaciones Migratorias, es notorio que las personas nacionales países no hispanoparlantes, o que pertenecen a alguna comunidad indígena, enfrentan condiciones que afectan su integridad, o bien sufren de exclusión y abuso por falta de esta garantía.
Esta política migratoria ha servido para cumplir con las exigencias impuestas por los Estados Unidos, pero el costo humano ha sido muy alto. Nos ha llevado a cargar con muertes dolorosas como la de Oscar y Valeria, o la de Marcos en Saltillo frente a su pequeña hija. No hemos aumentado la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, -como lo marca el Objetivo 5 del Pacto Mundial- por el contrario, y por eso estamos obligando a las personas que huyen a buscar rutas peligrosas y clandestinas.
Nos ha llevado a incrementar la violencia y la xenofobia que crece día que día y que desafortunadamente legitima las acciones y violaciones a los derechos humanos, por lo anterior, desde Sin Fronteras IAP consideramos que hay formas menos costosas de afrontar el reto de la movilidad humana.