En Estados Unidos, un tribunal federal en el estado de California restableció una orden judicial de alcance nacional contra la entrada en vigor de la medida impuesta por el presidente Donald Trump que impediría que la mayoría de los migrantes puedan buscar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. El mes pasado, la corte de apelaciones del Noveno Circuito revocó parcialmente el fallo inicial del juez de distrito Jon Tigar sobre la prohibición impuesta por Trump, diciendo que aplicaba solo a los estados de California y Arizona.
Sin embargo, el juez Tigar volvió a emitir ayer su mandato original. Melissa Crow, del Centro Legal para la Pobreza Sureña, afirmó: “Con esta decisión, independientemente de dónde crucen la frontera, [las personas y familias vulnerables] deberían poder solicitar asilo. Lamentablemente, si bien este fallo elimina un obstáculo importante, quedan demasiados obstáculos, ya que la guerra de este Gobierno contra los solicitantes de asilo parece no conocer límites”
El juez federal de California restableció la prohibición de una política dictada por el gobierno de Donald Trump que restringía el asilo a personas que llegaran a la frontera y cruzaron por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. Esta medida supone un duro golpe para las intenciones del presidente en materia migratoria.
La medida afectaba directamente a los inmigrantes centroamericanos que cruzan el territorio mexicano antes de llegar a la frontera y entregarse a las autoridades federales de inmigración para pedir la protección del gobierno alegando que están huyendo de sus países por distintas causas. La medida, denominada Regla Final Interina (IFR), fue anunciada después de que la administración de Trump no consiguió llegar a acuerdos con México y Guatemala para convertirlos en 'tercer país seguro'.
Una semana después de que se anunció la regla, una corte de Washington DC desestimó una demanda que buscaba detener la medida, dándole una victoria al gobierno federal. Pero la alegría duró solo unas horas. Ese mismo día una corte federal de San Francisco, California, le prohibió al gobierno de Trump negar asilos en la frontera con México.
Pero luego Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en respuesta a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dictaminó que las autoridades federales de inmigración pueden rechazarles el asilo a inmigrantes en los estados de Nuevo México y Texas, las dos áreas más concurridas para los cruces fronterizos, pero no podrían hacerlo en California y Arizona, que se encuentran bajo su jurisdicción.
El juez Tigar ahora ha vuelto a ordenarle al gobierno que no puede implementar esta regla y ordenó a la administración que siga aceptando peticiones a lo largo de la frontera con México. El juez Tigar escribió en el dictamen que “una orden judicial a nivel nacional está respaldada por la necesidad de mantener una política de inmigración uniforme” a todo lo largo de las fronteras, y señala que, en asuntos de inmigración, “hemos reconocido constantemente la autoridad de los tribunales de distrito para imponer políticas ilegales sobre una base universal".
Tigar dijo que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que liberó la regla excepto en los estados de California y Arizona, “estaba en conflicto con la ley vigente” e iba a crear “importantes problemas de administración”.
Finalmente, el juez concluyó que, si bien las medidas cautelares a nivel nacional no son la "regla general", son apropiadas "cuando dicha amplitud [es] necesaria para remediar el daño del demandante". En consecuencia, agrega, “y por las razones expuestas anteriormente, el tribunal otorga la moción de las organizaciones (demandantes) para restablecer el alcance de la medida cautelar a nivel nacional”.