Una demanda colectiva fue presentada en California en la que se acusa al Gobierno estadounidense de negar alimentos suficientes, atención médica y otras necesidades básicas a los prisioneros migrantes en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La demanda expone que las condiciones extremas dentro de las cárceles de migrantes equivalen a la tortura, y destaca el maltrato que sufren las personas con discapacidades.
El Centro Legal contra la Pobreza en el Sur de Estados Unidos, uno de los grupos que presentaron la demanda, dijo que los inmigrantes encarcelados están “en riesgo de sufrir enfermedades, discriminación por motivos de discapacidad y la imposición arbitraria de confinamiento solitario como resultado de la dependencia del Servicio de Inmigración en los encarcelamientos masivos y su indiferencia ante las condiciones en sus prisiones”.
Las demandas se dan porque los centros no garantizan servicios médicos y de Salud Mental para los inmigrantes que han estado en más de 150 centros de detención alrededor de todo el país, también denuncia que los inmigrantes con discapacidad o limitaciones físicas no reciben el trato debido, por ejemplo Raúl Alcocer Chávez Qué es sordo no recibe los servicios de un intérprete, y a Sergio Salazar que tiene parálisis cerebral le han negado un soporte ortopédico que le sería de gran ayuda para caminar. Las organizaciones dicen que estas irregularidades se producen por igual en todos los centros del país.
Mientras tanto, una investigación conjunta entre Associated Press y el programa Frontline de PBS revela que docenas de familias que fueron separadas en la frontera sur se están preparando para demandar al Gobierno por abuso sexual, físico y emocional de niños pequeños que se encontraban en hogares de acogida financiados por el Gobierno federal.