La batalla legal entre las decisiones de la administración del presidente Donald Trump y las Cortes federales continúan, esta vez es por la nueva política para las personas que están pidiendo asilo en la frontera. La Unión Americana de libertades civiles junto con otras organizaciones demandaron al Gobierno Federal después de que se anunció que se implementaría una nueva política para procesar a las personas que piden asilo en la frontera.
Un tribunal federal de California bloqueó la prohibición de Trump a la mayoría de los solicitantes de asilo que buscan refugio en la frontera entre Estados Unidos y México. La orden judicial preliminar restrictiva se produjo pocas horas después de que un juez federal en Washington, D. C., permitiera que la norma se mantuviera vigente en una batalla legal separada.
Con esta decisión del juez se determina que es ilegal la nueva política que se implementó desde el pasado martes y las personas de acuerdo lo que decidió el juez no tienen que pedir primero asilo en México o en Guatemala, sino que pueden ir directamente a los Estados Unidos a solicitarlo. El juez mencionó que fue la misma administración del presidente Trump quienes determinaron que México es un país violento y por eso no se le puede pedir ir a las personas que primero lleguen a México hacer una petición de asilo.
Pero tras la decisión del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco, el gobierno de Trump deberá continuar aceptando solicitudes de asilo, al menos por ahora. La norma de Trump pretende impedir que cualquier persona que pase por un tercer país pueda ejercer su derecho, según la ley internacional, de buscar asilo en Estados Unidos, incluyendo en la frontera sur con México.
Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales, quien ayudó a lograr la suspensión temporal de la política de asilo de Trump dijo: “El tribunal decidió correctamente que décadas de la ley de asilo estadounidense evitaran que este gobierno intente negar la mayoría de las protecciones de asilo a través de esta regulación arbitraria y precipitada. Esta aplicación de la ley también salvará vidas de refugiados vulnerables que huyen por sus vidas y seguridad”.