Aproximadamente 25,000 familias en viviendas públicas tienen un estatus mixto, lo que significa que al menos un miembro de la familia es un ciudadano, residente permanente legal o refugiado y otro miembro no está documentado. Aunque los inmigrantes indocumentados no califican para los beneficios de vivienda, las reglas actuales les permiten vivir con sus familias que sí califican. Sin embargo, esto puede cambiar pronto. Bajo una nueva regla propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), los ciudadanos e inmigrantes legales en viviendas públicas o subsidiadas pueden ser desalojados si tienen un familiar indocumentado que vive con ellos.
Bajo la ley actual, una familia solo necesita declarar el número de miembros de la familia que son elegibles o no elegibles para los subsidios. Si un miembro de la familia indocumentado vive en una vivienda pública con el solicitante elegible, entonces la familia solo recibe subsidios parciales, que cubren solo a los miembros de la familia que son ciudadanos elegibles o inmigrantes calificados.
El sistema actual garantiza que los miembros de la familia indocumentados no reciban ningún beneficio de asistencia de vivienda pública.
Debido a estas pautas estrictas, las familias de estado mixto generalmente terminan pagando cerca de la tasa de mercado para el alquiler.
El nuevo reglamento propuesto por HUD lo haría para que cualquier familia que actualmente recibe un subsidio o subsidio de vivienda pública, incluidos los vales de la Sección 8, no sea elegible para ningún beneficio de vivienda si un miembro de su familia que vive en la casa no está documentado. Bajo el nuevo sistema, el estado de inmigración de cada miembro de la familia se evaluaría a través del sistema de Verificación Sistemática de Extranjería para las Autoridades ( SAVE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional si son menores de 62 años y viven actualmente en viviendas subsidiadas.
La nueva regla podría afectar a hasta 32,000 personas en familias de estado mixto que actualmente reciben beneficios federales de vivienda. Esas familias tendrían que elegir entre el desalojo o la separación de la familia. Esto pone en riesgo a los estadounidenses e inmigrantes vulnerables que dependen de estos subsidios para su vivienda.
HUD sostiene que estos desalojos ayudarán a reducir las listas de espera para viviendas públicas, pero muchos defensores de las viviendas de bajos ingresos no están de acuerdo. Muy pocos, si es que los hay, se abrirían porque muchas familias de estados mixtos optarán por dividirse en lugar de perder sus beneficios por completo.
Este es un intento mezquino para abordar los problemas principales de la vivienda pública, incluidas las largas listas de espera y las condiciones de vivienda deficientes. Solo en Nueva York, actualmente hay 209,180 personas en línea para beneficios de vivienda pública, con 148,000 adicionales en línea para viviendas de la Sección 8.
El reglamento propuesto por HUD ha sido enviado al Congreso para un período de revisión de 15 días antes de que se publique para un período de comentario público de 60 días.