El Gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump retomó la política conocida como “Permanecer en México”, luego de que un tribunal de apelaciones suspendiera el fallo de un tribunal inferior que había bloqueado esa controvertida práctica.
Esta política obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son procesados por los tribunales estadounidenses, una medida que, según expertos y agrupaciones de defensa de los derechos humanos, es ilegal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que lidera la demanda, ha dicho que las personas que solicitan asilo no se les garantizan abogados, ni traductores para argumentar ante un juez que son víctimas de violencia en sus países de origen y adicional en México donde muchos inmigrantes se ven enfrentados a la persecución y tortura de los mismo habitantes mexicanos, lo cual no les garantiza el derecho a la integridad.
Por su parte el gobierno de Donald Trump dice que la política de enviar solicitantes a México debe continuar dada la crisis migratoria que se vive en la frontera tras la llegada cada día de cientos de personas provenientes de Centroamérica en especial de El Salvador, honduras y Guatemala
Desde su implementación, esta política ha enviado a mas más de mil cien (1.100) migrantes que entraron a Estados Unidos en busca de asilo, y que fueron devueltos a México para continuar con el proceso.