El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció una nueva ofensiva contra los inmigrantes que solicitan tarjetas de residencia para vivir y trabajar en el país.
Bajo las nuevas regulaciones propuestas, a los solicitantes podría negárseles la residencia permanente si alguna vez utilizaron asistencia social –incluida la asistencia alimentaria o cupones de vivienda– o si recibieron medicamentos recetados con descuento por medio del programa de beneficios Parte D de Medicare.
La medida obliga a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública a hacer una difícil elección entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente, para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente. "De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente".
En palabras de Nielsen, esta reglamentación implementará una ley aprobada por el Congreso con "la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados" garantizando que "no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses".
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración criticó el cambio de regulación propuesto y señaló que de esta manera se manipularía el sistema de inmigración del país, haciendo que las tarjetas de residencia solo lleguen al mejor postor. El grupo declaró: “Este es un enfoque regulatorio encubierto para separar a más familias inmigrantes”.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que se comprometió a luchar contra el cambio de la norma, expresó: “Cientos de miles de nuestros vecinos pueden verse impedidos de consultar con sus médicos, mantener un techo sobre sus cabezas, o costearse ir la tienda de comestibles si desean permanecer en Estados Unidos. Eso es simplemente incorrecto y antiestadounidense”.