Autoridades diplomáticas de países latinoamericanos pusieron la voz de alarma ante los eventuales cambios a la política inmigratoria española.

La nueva norma proporcionaría a las autoridades policitales la facultad de solicitar documentación a cualquier ciudadano con carácterísticas fisicas particulares que lo identifiquen como extranjero. De no tener los documentos en regla se realizaría inmediatamente un proceso de expulsión del país ibérico.

Los diplomáticos argumentaron que la aplicación de la ley facultaba a las autoridades policiales para cometer actos irregulares, entre ellos, el abuso de autoridad,.

Otro aspecto que llamó la atención latinoamericana fué el hecho de ligar los permisos de estadía con los ingresos que recibe el inmigrante en un período de tiempo, ya que si no se cumple con un monto de dinero todavía no establecido, un extrajero al no poder demostrar los ingresos requeridos podría pasar inmediatamente a situación de estadía ilegal.

La negación de la residencia por causa de un historial policial negativo, inclusive sin tener el extrajero condenas pendientes también fué duramente criticado ya que según abogados expertos, se falta al principio de justicia en muchos aspectos.

Según analistas y entidades no gubernamentales, la reforma de las leyes de inmigración en tiempos de crisis apuntan a que los extrajeros "sean obligados a abandonar el país" dadas las muestras de "discrimación institucionalizada" que se ven en las redadas inmigratorias.


Última Actualización: Abril de 2011

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