Derechos Humanos pide que se respete la Ley de Inmigración

Diariodecadiz.es informó que la coordinadora del área de inmigración, Inmaculada Gala y Diego Boza, asesor jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), han acusado públicamente a la Subdelegación del Gobierno de Andalucía y de Cádiz de "vulnerar los derechos de los inmigrantes".

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la situación de irregularidad no determina directamente la posibilidad de ser expulsado. Desde Derechos Humanos denuncian que "la Subdelegación lleva a cabo continuas redadas que imposibilitan la vida de estas personas por no tener la documentación necesaria para permanecer en España, vulnerando así el derecho al recurso que posee todo extranjero".

Inmaculada Gala hizo referencia a la gravedad de la situación de los inmigrantes, "a los que se les retira directamente el pasaporte, dejándoles como única identificación una copia de la primera página del mismo". A este respecto el asesor jurídico de la asociación declaró que "con esa copia no les permiten un posterior empadronamiento, por lo que la situación se convierte en un proceso cada vez más duro y de persecución". En este sentido afirmó que "la Policía está entrando en bares que frecuentan sudamericanos que viven en Cádiz para pedir la documentación y llevarse a todos aquellos que no la tengan".

Según APDH-A, "la situación está llegando a límites incontrolables, ya que incluso se pretende expulsar del país a padres extranjeros de españoles, algo que no se puede hacer, ya que tienen el derecho a permanecer el España por sus hijos".

En este momento se calcula que existen 1.100 menores extranjeros en la provincia de Cádiz, los cuales sufren de la misma forma que los mayores el problema de la repatriación, sin que se les permita hacer uso de sus derechos.

Última actualización: Agosto 2007.

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